Hacia una Red de Delegados de Protección de Datos Personales en la Administración Pública. Breve análisis del marco legal, la experiencia comparada y los retos que enfrenta la AAIP para introducir al DPD en el Estado argentino.

Por Christian H. Miller

Publicado por elDial.com

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“La transformación digital de la gestión pública ha incrementado exponencialmente la cantidad de información personal que manejan los organismos del Estado. Cada historia clínica, trámite administrativo, transacción o vínculo formal pasa por sus registros. Esta concentración de poder coloca al Estado en un doble rol que puede convertirse en una herramienta para el bienestar colectivo o en una amenaza para las libertades individuales; lo cual, sumado a la proliferación de tecnologías como la inteligencia artificial y el tratamiento automatizado de la información, nos presenta desafíos inéditos en relación a nuestros derechos fundamentales, como la privacidad. En este contexto, la figura del Delegado de Protección de Datos Personales (DPD, o DPO por su sigla en inglés) adquiere una especial relevancia. Se trata de un perfil especializado que actúa como nexo entre la organización, los titulares de los datos y la autoridad de control. Su misión es identificar riesgos para los derechos y las libertades de los titulares, asesorar a los responsables y encargados del tratamiento y garantizar el cumplimiento normativo en materia de privacidad y datos personales. No solo promueve la adopción de una cultura interna centrada en el uso responsable de la información, sino que también contribuye a prevenir incidentes de seguridad y a fortalecer la confianza en la gestión estatal.”

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Términos mencionados en esta doctrina: personales, protección, pública, información, administración, organismos, tratamiento, privacidad, cumplimiento, seguridad.