Los beneficios para las empresas que operan en Argentina de contar con un tax compliance

Por Layla Manllauix

“Previamente a la entrada en vigencia de la ley 27.401 en Marzo de 2018, que permite atribuir responsabilidad penal a personas jurídicas privadas, de capital nacional o extranjero, para algunos delitos de corrupción, la normativa argentina preveía una penalización corporativa difusa en el Régimen Penal Tributario y en otras leyes especiales. Las novedades que trajo la ley de RPPJ no fueron pocas, ya que en primer lugar significaron el reconocimiento expreso y sistemático de la RPPJ por un lado -y con ello dejar de lado la doctrina imperante: societas delinquere non potest, que llegó a su máxima expresión en el fallo de la CSJN “Fly machine”- y por el otro, la introducción de los Programas de Compliance a los que el legislador denominó “Programas de Integridad”, al igual que el Estado de México. Estos Compliance Programs, cuya definición la encontramos en el art. 22 de la ley: “conjunto de acciones, mecanismos y procedimientos internos de promoción de la integridad, supervisión y control, orientados a prevenir, detectar y corregir irregularidades y actos ilícitos”, resultan jurídicamente trascendentes de manera muy reciente para el derecho argentino pero no son nuevos para la doctrina internacional.”

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