Expte. N° TSJ 48881/2025-0 - “Galeno ART S.A. s/ Queja por recurso de inconstitucionalidad denegado (laboral) en Ortellao Gabriel Hernán (y) c/ Galeno ART S.A. s/ accidente - ley especial (Expte. N° 32610/2018)” – TSJ DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - 04/02/2026

INTERESES. INCONSTITUCIONALIDAD. LEY DE RIESGOS. ACTUALIZACIÓN. ÍNDICE CER. El recurso se dirige contra la decisión de la Sala VIII de la CNAT que declaró la inconstitucionalidad de los apartados 2 y 3 del art. 12 de la ley 24557 y dispuso que al crédito del actor se le aplicara como interés el índice CER. La cuestión planteada es sustancialmente similar a la decidida por el tribunal en el Expte. 42326/2025 en sentencia del 03/12/2025, a cuyos fundamentos y solución cabe remitirse. Por mayoría, corresponde hacer lugar a la queja y al recurso de inconstitucionalidad y revocar la sentencia recurrida. El cálculo de la indemnización debida a la actora debe incrementarse en función de la tasa de variación RIPTE aplicando “Índice RIPTE correspondiente a la fecha en la que debe ponerse a disposición la indemnización” dividido “Índice RIPTE correspondiente a la fecha de la primera manifestación invalidante” menos “1” multiplicado por “100”. VOTO DE LA MINORÍA. La diferencia aritmética que invoca la recurrente no demuestra una desproporción como la aludida. Tampoco demuestra en forma clara cómo el método utilizado por la cámara provoca una afectación injustificada y sustancial de su patrimonio. Frases como que la resolución otorga “montos exorbitantes de condena” o “un enriquecimiento infundado por parte de la actora” no muestran más que un análisis sesgado de la situación de autos porque abreva en un único aspecto del mundo del trabajo: el intercambio económico. La recurrente omite que lo que está en juego refiere a otro aspecto de las relaciones laborales ligado al cuidado de la salud y del proyecto de vida de las personas trabajadores. No debe soslayarse que la fórmula utilizada por la Cámara busca mantener la intangibilidad y el valor real del crédito de la persona trabajadora, sujeto de tutela constitucional y convencional preferencial. Lo relativo a la variación de las tasas de interés es un riesgo inherente y previsible en la actividad de la aseguradora demandada. De lo contrario se trasladaría el costo de la desvalorización monetaria a la persona trabajadora víctima de un percance laboral. Corresponde hacer lugar a la queja y rechazar el recurso de inconstitucionalidad.