Tenemos Autoridad de la Competencia, ahora falta que el mercado se entere

Por Federico Esswein^(*) y Gonzalo Romero Villanueva^(**)

Recientemente se acordó la designación formal de las autoridades de la Autoridad Nacional de la Competencia. Un acontecimiento desconocido para el público general e ignorado por el periodismo que podría ser el hecho más relevante en la histórica transformación anticorporativista que muchos soñamos ver en la Argentina. Es una revolución burocrática que encontró el pináculo en uno de los ámbitos menos esperados: el Senado de la Nación Argentina.

La noticia es muy buena. El acuerdo cerró una deuda institucional de 27 años y con ello completamos un mandato que llevaba pendiente desde 1999 cuando el Congreso obligó a la creación del Tribunal de Defensa de la Competencia. Tuvieron que pasar las presidencias de Carlos Menem, Fernando De la Rúa, Adolfo Rodriguez Saa, Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei. En medio se modificó la norma que creaba el Tribunal y luego se lo eliminó del todo, se derogó la norma inicial y se la reemplazó por la Ley 27.442 de 2018, más moderna y completa, que luego fue completamente ignorada. Todo ello sin que jamás se avance en crear una autoridad autárquica, técnica e independiente, acorde a las prácticas internacionales de todo el mundo libre.

Nos costó muchísimo convertir la competencia en una institución. Eso finalmente ocurrió y merece ser celebrado. Pero el error empieza cuando se confunde este avance con tarea cumplida. El objetivo es que la competencia sea la norma, y para eso Argentina necesita mucho más que una autoridad constituida. Necesita un cambio cultural y de mentalidad. Ahora empieza la parte decisiva.

Necesitamos que el empresariado, los reguladores y la discusión pública dejen de tratar como algo normal conductas que en cualquier economía seria prenden alarmas de inmediato. La naturalización del abuso explotativo por quienes detentan poder de mercado suficiente o la formación de carteles, incluso con la colaboración del propio Estado, son fenómenos inaceptables en una economía de mercado, libre, dinámica y próspera.

Hace poco, el dueño de Manaos contó en un podcast cómo compró Cunnington sin auditoría, sin ver las fábricas, en efectivo y en una decisión que tomó una tarde para ejecutarse. La razón fue explícita. Heineken estaba por quedarse con la marca, y eso hubiera cambiado el tablero de fuerzas en el mercado de gaseosas populares en Argentina. Para Manaos, en cambio, se había abierto la oportunidad de eliminar a su competidor más directo del mercado y así poder mantener precios más altos.

No sabemos si una autoridad independiente podría haber bloqueado la adquisición y favorecer un movimiento competitivo. Es posible que los tests de participación de mercado no hubieran sido suficientes para exigir una intervención. Y sin embargo, conocemos las consecuencias. Un entrante potencial con músculo financiero y capacidad de innovación quedó afuera. Relatado entre risas y aplausos, el movimiento se narró como astucia empresaria y se celebró como prueba de carácter. Esa mirada es parte del problema.

Otro caso de gran resonancia fue el que motivó la investigación por cartelización de la medicina prepaga. En un acto de desprecio por la libertad de mercado, un empresario admitió en público que movilizó a una organización que nuclea al sector salud a elaborar acuerdos para sustituir el sistema de aprobaciones ex ante de los aumentos en las cuotas que la medicina prepaga factura a sus usuarios. Lo dijo convencido de que aquella acción era legítima, razonable y necesaria. La pérdida cultural del funcionamiento de una economía de mercado ha llevado a eliminar las fronteras de lo ilícito en la mentalidad empresarial argentina. Urge asumir un compromiso con la libertad porque los caminos a medias terminan en peligrosas fórmulas de perjudicar a todos para beneficiar a pocos.

Generaciones de una economía corporativa nos ha llevado a una naturalización donde la norma de competencia se encuentra en un desuetudo cultural y parece que no existe ni importa. Es tiempo de reaccionar y acelerar a fondo. Una buena política de competencia no mira solamente una foto de cuotas de mercado. Tiene que mirar también la rivalidad que se pierde y la disciplina que deja de operar, la innovación posible y los efectos en la calidad de los productos. Tiene que velar por las condiciones de mercado que favorezcan más a los consumidores, que somos todos. Ese es el punto central. La defensa de la competencia no es un lujo jurídico o de análisis microeconómico, es la condición mínima para la libertad económica.

Por eso la Autoridad importa tanto. Porque necesitamos un organismo que ponga la competencia encima de la mesa para empezar a cambiar incentivos. Y los cambios culturales en esta materia no empiezan con campañas pedagógicas. Empiezan cuando las empresas entienden que ya no todo da lo mismo. Empiezan cuando hay una autoridad profesional, visible e independiente que pide información, investiga conductas, revisa operaciones y sanciona cuando corresponde. Empiezan cuando competir vuelve a ser la regla y dejar de competir vuelve a tener costo.

Perjudicar a todos para beneficiar a pocos es siempre y en todo lugar una pésima política pública. Y si por algún motivo un gobierno pretende una acción pública de estas características, debe haber una estricta atención a la legitimidad de los objetivos, los medios, el plazo y la medición de la eficacia contra otras opciones menos lesivas. En Argentina los criterios de evaluación ex ante y ex post de regulación económica siempre han brillado por su ausencia, destacándose estándares altos de opacidad en el proceso de decisión. En consecuencia, es mucho y urgente lo que se precisa revisar.

En estos meses pudimos escuchar a muchos empresarios lamentar en público la pérdida de rentas fantásticas gracias a la apertura de importaciones que los forzó a bajar de manera significativa los precios locales. Vimos a los laboratorios quejarse por la entrada de nuevos competidores. Vimos una empresa grande de neumáticos tratar de instalar como algo negativo que se puedan importar modelos mejores a mitad de precio. Cómodos y protegidos, se habían acostumbrado a sostener márgenes altos sin riesgo de perder mercados.

Estas rentas no venían de la nada. Venían de los consumidores, que estuvieron obligados a pagar precios más altos durante todo este tiempo. Ciudadanos como vos y como nosotros, restringidos de usar su propiedad privada para otros gastos, invertir, ahorrar o simplemente poder llegar a fin de mes.

Cada vez que una empresa captura o carteliza un mercado, bloquea la entrada de un rival, o explota una posición dominante, los consumidores pagan la cuenta. La pagan con innovaciones perdidas. La pagan con menos productividad y salarios más bajos. La pagan con precios desbocados. El pueblo (al que muchos dicen defender cuando lo obligan a comprar productos malos y caros) es el más castigado por las economías corporativas y cerradas.

Si mercados tan grandes como el de los medicamentos o los neumáticos reaccionan con una baja tan fuerte apenas aparecen competidores, el problema se explica solo. Cuando se permite que haya competencia, ganamos opciones para comprar productos en lugar de tener que comprar lo único disponible. Esa posibilidad es suficiente para que las empresas tengan que pujar precios a la baja.

La Argentina necesita menos capitalismo de renta y más capitalismo competitivo. Necesita menos fascinación por la concentración cómoda y más respeto por la rivalidad empresaria de verdad. Admirar a quien gana compitiendo mejor, y no a quien gana cerrando el paso o neutralizando rivales. Ese cambio tiene que bajar desde la institución hacia el mercado. Nadie necesita una clase de moral empresaria para entenderlo. Hay que afirmar la regla, establecer incentivos claros, y la conducta se acomodará sola. La Autoridad de la Competencia ya existe. Hagámosla valer. Y que el mercado se entere.