Acción de amparo. Legitimación activa. Competencia. Derechos de incidencia colectiva. Principio precautorio. Recursos culturales, turísticos e históricos. Interpretación del Dec.-Ley 9111/78. Interjurisdiccionalidad de la CEAMSE. Derecho público local. Relleno sanitario de Ensenada. Centro de Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos suficientemente alejado. Centro colapsado. Obras de ampliación de la capacidad de recepción. Impactos negativos en el ambiente. Estudio de Impacto Ambiental. Cierre definitivo.

Acción de amparo. Legitimación activa. Competencia. Derechos de incidencia colectiva. Principio precautorio. Recursos culturales, turísticos e históricos. Interpretación del Dec.-Ley 9111/78. Interjurisdiccionalidad de la CEAMSE. Derecho público local. Relleno sanitario de Ensenada. Centro de Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos suficientemente alejado. Centro colapsado. Obras de ampliación de la capacidad de recepción. Impactos negativos en el ambiente. Estudio de Impacto Ambiental. Cierre definitivo.

CAUSA Nº 3131 - "Asociacion Civil Nuevo Am. Cen. Vec. P. Lara c/ CEAMSE S.A. s/ amparo" - CAMARA DE APELACION EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA PLATA – 22/06/2006

Resumen:

PRIMERA INSTANCIA
La Asociación Civil Nuevo Ambiente y el Centro Vecinal Punta Lara interpusieron acción de amparo ante el Juzgado Contencioso Administrativo Nº1 de La Plata contra la CEAMSE invocando la afectación de los derechos constitucionales a la salud y a la protección del ambiente y pidieron:
1.- Que se prohibiese vertir en el Centro de Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos (CDF) ubicado en Punta Lara, Partido de Ensenada, residuos provenientes de otras localidades no incluidas en el diseño original de la Planta y ubicadas a más de veinte kilómetros de la misma.
2.- Que se ordenase el cese de las tareas de ampliación del Centro.
3.- Que se ordenasen medidas de prevención y mitigación para evitar la potencial contaminación producida por el depósito de residuos en la planta sin recaudos adecuados, y la incorporación de procedimientos de control relacionados con el ingreso de residuos no permitidos.-
El juzgado se declaró competente aceptando, por razones de economía y celeridad procesal, el criterio sentado por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de La Plata, en la causa "Municipalidad de Ensenada c/ CEAMSE s/ pretensión de reconocimiento o restablecimiento de derechos" (Expediente Nº 670, Voto de la Dra. Milanta), y dejando a salvo su propio criterio.
Considera que los actos o decisiones administrativos constituyen una amenaza de lesión cierta, actual o inminente en el supuesto de autos.
Que las actoras cuentan con suficiente legitimación para interponer la acción.
Que la Secretaría de Política Ambiental manifiesta no haber realizado inspecciones en el CDF Ensenada, ni cuenta con estudios o análisis respecto de ese relleno sanitario, desconociendo si el mismo reúne las condiciones técnicas apropiadas, con fundamento en la "limitación de competencia establecida por el Decreto Ley 9111/78 y demás normativa vigente" (Conf. informe de fs. 604/605).-
Que ni el Decreto Ley 9111/78 ni la Ley Nº 11.723 contienen disposición alguna que excluya a CEAMSE del control de las autoridades ambientales de la Provincia, ni establece una potestad de autocontrol a favor de la citada sociedad.-
Que esta omisión de la administración provincial, además de infringir el art. 28 de la Constitución Provincial, ha permitido la sobre-explotación de los CDF por parte de CEAMSE quien, mediante la elevación desproporcionada de la superficie ha transformado sustancialmente la topografía de las regiones afectadas.
Que el estudio de impacto ambiental acompañado por la demandada no satisface las condiciones exigidas por la normativa citada, por cuanto no se refiere al nuevo módulo construido en el CDF Ensenada, ni cuenta con la "aprobación" de la autoridad ambiental provincial (conf. art. 18 in fine de la ley 25.916).-
Que el emplazamiento del Relleno Sanitario en Punta Lara, por las características de su suelo anegadizo, infringe el art. 21 de la Ley 25.916,
El Juzgado hizo lugar a la demanda.
La CEAMSE apeló.

SEGUNDA INSTANCIA
Por mayoría, la Cámara rechaza el recurso de apelación interpuesto por la demandada.
En consecuencia:
- Se clausura el módulo "d" del CDF de residuos sólidos urbanos a partir del 31 de diciembre de 2006 con la prohibición de recibir residuos a partir de dicha fecha.
- Se prohibe a partir del 30 de septiembre del 2006, el ingreso en el citado CDF de residuos generados en los partidos que se encuentren a una distancia superior a 20 Km. conforme las distancias consignadas por la Dirección Provincial de Vialidad

Sumario:

"No cuadra otra solución, que se corresponda con el derrotero impreso a mi voto, que el de prohibir la disposición de residuos en el citado predio -módulo "d", ello fundado en la aplicación directa y tutelar que en materia ambiental reclama con carácter preventivo la vigencia de los derechos potencial o inminentemente conculcados (art. 41º, 43º, 75 inc. 22 de la Const. Nacional; arts. 20º inc. 2 y 28 de la Const. Pcial.; 4, 8, inc. 2, 11 a 13 y concs., ley 25.675, arts. 1, 2, 3, 4, 13, 20, 21, 35, ley 25.916), para lo que considero que los plazos allí contenidos no resultarán de difícil cumplimiento, ello así toda vez que la propia legislación constitutiva del CEAMSE, (decreto ley 9111/78), impone la obligación a las municipalidades de enviar los residuos domiciliarios al CEAMSE en la "... medida que dicha Sociedad del Estado se encuentre en condiciones de recibir todo o parte de los residuos originados en el territorio de los Partidos involucrados" (art. 4º decreto ley cit). Empero, habiéndose certificado el colapsamiento de la capacidad del predio (ver EIA, fs. 188), y de no arbitrar el CEAMSE la puesta en marcha, dentro de su deber de planificación estratégica en la materia, de otro centro que reúna las condiciones ambientales de la normativa en vigor, renacerá en cabeza de los municipios involucrados, la posibilidad de destinar y tratar sus propios residuos en correspondencia con la legislación local y nacional citada en el presente, que en modo alguno significará el regreso a los "basurales a cielo abierto"." (Del voto en mayoría del Dr. Gustavo D. Spacarotel)

"Así corresponde reconocerse, en la medida que el CEAMSE no brinde soluciones compatibles con el medio ambiente circundante, en tanto renacerá por ministerio legis (art. 4º ley 9111/78), el derecho de las comunas de tratar, clasificar, y disponer sus propios residuos, ello así como lo afirmara el Poder Ejecutivo Provincial en los considerandos del decreto nº 90/03 (BO. 20/2/2003), cuando reconociera la competencia municipal que al respecto deriva de "...la Ley Orgánica de las Municipalidades (decreto ley 6769/1958), que al referirse a los servicios públicos municipales, preceptúa que será facultad de las comunas el barrido y limpieza, siempre que su ejecución no se encuentre a cargo de la provincia, reconociendo atribuciones provinciales impuestas por normas constitucionales como acontece con el referido art. 28 de la Carta Magna local." (Del voto en mayoría del Dr. Gustavo D. Spacarotel)

"En tal sentido, y atento el tiempo transcurrido, propicio prorrogar los plazos contenidos en los puntos 1º y 2º del decisorio en crisis, disponiendo la clausura del módulo "d" del CDF de residuos sólidos urbanos, a partir del 31 de diciembre de 2006 con la prohibición de recibir residuos a partir de dicha fecha; y prohibir, a partir del 30 de setiembre del 2006, el ingreso en el citado CDF, residuos generados en los partidos que se encuentren a una distancia superior a 20 km conforme las distancias previstas por la Dirección Provincial de Vialidad en el ábaco dispuesto a tales fines." (Del voto en mayoría del Dr. Gustavo D. Spacarotel)

Texto completo

CAUSA Nº 3131 - 'Asociacion Civil Nuevo Am. Cen. Vec. P. Lara c/ CEAMSE S.A. s/ amparo' - CAMARA DE APELACION EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA PLATA - 22/06/2006

En la ciudad de La Plata, a los veintidós días del mes de junio del año dos mil seis, reunida la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, en Acuerdo Ordinario, para pronunciar sentencia en la causa "ASOCIACION CIVIL NUEVO AM. CEN. VEC. P. LARA C/ CEAMSE S.A. S/ AMPARO", en trámite ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo nº 1 del Departamento Judicial La Plata (expte. Nº -4559-)), con arreglo al sorteo de ley, deberá observarse el siguiente orden de votación: Señores Jueces Dres. Gustavo Daniel Spacarotel, Gustavo Juan De Santis y Claudia A. M. Milanta.//-

A N T E C E D E N T E S

I. LA DEMANDA:

Marcelo Martínez, en representación de la Asociación Civil "NUEVO AMBIENTE", con personería jurídica n° 22.364 (DPPJ), Ana Zanoni y Antonia Montes Canosa por el "CENTRO VECINAL PUNTA LARA" con personería jurídica n° 48.006 (DPPJ), promueven acción de amparo ambiental, en los términos de los artículos 20 inc. 2 y 57 de la Const. Pcial.;; 43 de la Constitución Nacional y demás artículos concordantes sobre derechos humanos (art. 75 inc. 22), contra la "Coordinación Ecológica Area Metropolitana Sociedad del Estado" -CEAMSE-, solicitando se ordene a la accionada:
a) Cese en las tareas de ampliación del Centro de Disposición Final de Residuos (CDFR) que la entidad posee en el partido de Ensenada
b) Cese en la disposición de residuos provenientes de otras localidades distantes a más de 20 km de la misma.-
c) Adopte medidas de prevención y mitigación respecto de la potencial contaminación producida por el depósito existente de residuos en la planta, sin recaudos adecuados para tal fin.-
d) La incorporación de procedimientos de control relacionados con el ingreso de residuos no permitidos.-
II. 1. Relata que la empresa CEAMSE, tiene a su cargo la disposición final de residuos sólidos urbanos (RSU) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de 31 distritos del conurbano bonaerense, incluidos La Plata, Berisso y Ensenada, con más tres partidos no () incluidos en la ley 9111 -Gral. Rodriguez, Pte. Perón y Luján-; disponiéndose también residuos privados de diversas empresas.-

II.2. Agrega que en la actualidad el CEAMSE, en su planta de Punta Lara, recibe, además de los residuos de La Plata, Berisso y Ensenada, residuos provenientes de Magdalena, Brandsen, Berazategui, y Lomas de Zamora, con un aumento en el total de residuos del orden de 12 mil tn. mensuales, habiendo colmado su capacidad receptiva, superándose el nivel superficial de las celdas o trincheras, aumentando en forma negligente la cota y la topografía del relleno.-

II.3. Sostiene que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), aportado por la firma demandada, reconoce riesgos en la generación de líquidos "lixiviados", y que la capacidad de la planta, no es suficiente, actualmente para tratar la totalidad de los líquidos emergentes.-

II.4. Destaca que la ley 9111 -de creación del CEAMSE-, prohíbe la disposición de residuos más allá de un radio que excede los 20 km, ingresando residuos provenientes de localidades que exceden la distancia legal.-

II.5. Alega que la ampliación de la capacidad proyectada por el CEAMSE, contradice las normativas vigentes, contraindicadas por las características geomorfológicas e hidrológicas del suelo, máxime tratándose de una zona inundable, ello en violación de las ley 25.916 (-Presupuestos mínimos de Protección Ambiental para la gestión integral de residuos domiciliarios art. 21-).-

II.6. Entiende que el proyecto de ampliación también se encuentra en infracción de la ley 25.916, en tanto la misma prescribe que los centros de disposición final deben ubicarse en sitos suficientemente alejados de áreas urbanas.-

II.7 Considera que la demandada incurrió en violación de las leyes 25.675 -medio ambiente-, 25.916, ya mencionada, y art. 28 de la Constitución Provincial, en tanto el proyecto de ampliación no cuenta con estudio de impacto ambiental.-

II.8. Denuncia diversas fallas en la disposición de residuos a saber: a) Disposición de lixiviados al arroyo "El Gato"; b) Incorrecciones en la clasificación de residuos patológicos; c) Presencia de emisión de gases al medio ambiente (gas metano, por descomposición de la basura expuesta a temperaturas de 40° a 60° centígrados, produciendo malos olores y afectación potencial de la salud; d) Contaminación de napas freáticas -conforme lo afirma el programa de observatorio calidad de vida de la UNLP, e) La presencia de plomo y cadmio detectada por la Autoridad del Agua, en las formaciones acuíferas del lugar -expte. 2336-4709/05-, e) Violación de la Ordenanza 1358/90 que prohíbe la realización de nuevas excavaciones y movimiento de tierras en el distrito de Ensenada; f) Violación del artículo 4° de la ley 9111 por el ingreso de residuos provenientes de distritos que se encuentran a más de 20 km.; g) Afectación de los recursos paisajísticos, que produce un impacto ambiental negativo, a consecuencia de la elevación desmesurada de la cota, vgr. el relleno en la autopista de Buenos Aires; h) Por último, denuncia la existencia de perjuicios económicos y sociales en la desvalorización de las tierras afectadas, la que requiere un control posterior por más de veinte (20) años, y la consiguiente inutilización por espacio de cincuenta (50) años (sic).-

II. 9. También solicita se ordene a la demandada la adopción de medidas de seguridad ambiental necesarias para evitar la contaminación del área bajo supervisión técnica idónea; y la realización de las obras, tareas y utilización de equipamiento que corresponda, según las pericias que se efectúen al efecto, bajo el monitoreo, prevención y mitigación de los impactos negativos, sujeto a los plazos ciertos que no superen de 30 días para su ejecución.-

II. 10. Fundan la pretensión en los derechos constitucionales que estiman afectados, a saber: a) Daños a la salud, producto de la contaminación ambiental, el riesgo cierto de contraer enfermedades, contaminación de las napas de percolado de los lixiviados, como daño potencial a la salud; b) Daños al Medio Ambiente, establecido en el artículo 41° de la Constitución Nacional y art. 28° de la Const. Pcial.; c) Encauza el trámite formal de su pretensión en el amparo ambiental previsto en el artículo 43° de la Constitución Nacional destacando que el convencional constituyente previó esencialmente la inexigibilidad de acreditar otro "...medio judicial más idóneo", para las cuestiones ambientales, estableciéndola expresamente como vía jurisdiccional esencial, citando doctrina al efecto.-

II. 11. Como medida cautelar solicita el cese de la ampliación de la planta existente, y el cese en la disposición ilegítima de los residuos domiciliarios en la planta de Ensenada, provenientes de distritos ajenos a La Plata, Berisso y Ensenada.-

II. 12. Ofrece prueba, planos de ampliación de planta, informe de UNLP, expediente administrativo de la Autoridad del Agua; y copia resumen de Estudio de Impacto Ambiental.-

III. Realizada la diligencia de "reconomicimento judicial" (fs. 163/164), ampliada la demanda (fs. 170/174) en punto a la crítica concerniente al EIA aportado por el Ceamse, -agregado a fs. 179/554 -, se presenta la entidad demandada produciendo el informe circunstanciado, al que refiere el artículo 10° de la ley 7166.-

IV. EL INFORME DE LA EMPRESA C.E.A.M.S.E:

IV.1. A fs. 556/576, se presenta por medio de apoderado la entidad demandada (C.E.A.M.S.E.), contestando la acción contra ésta impetrada, exponiendo, puntualmente, los siguientes argumentos:

IV.1.a. Niega que el centro de disposición final (CDF) se encuentre colapsado, en su capacidad útil y que la construcción de un nuevo módulo, sea la consecuencia de una planificación continuada en el tiempo, para disponer los residuos domiciliarios de los municipios circundantes; agregando que, en cuanto a la capacidad útil de cada celda, las mismas, respetan las reglas del arte.-

IV.1.b. En relación a la capacidad técnica y operativa de recepción de residuos desde los municipios de Florencia Varela y Berazategui, sostiene que, los mismos se vienen disponiendo desde el 1° de diciembre de 2003, y que ello no ha causado colapsamiento, agregando que, en cuanto a la violación del límite establecido por el artículo 4° de la ley 9111, los mismos se encuentran comprendidos dentro de las pautas previstas por la normativa legal, ya que la distancia se mide desde el límite de los municipios, en línea recta hasta el CDF de Ensenada. Cita en apoyatura a sus argumentos la resolución judicial de la Cámara Contencioso Administrativa (integración de feria) recaída en la CCALP n° 752 del 25 de enero de 2005, respecto al mayor volumen ingresado al predio y su razonabilidad.-

IV.1.c. En cuanto al proyecto de ampliación aduce su compatibilidad con la ley nacional 25.916 (art. 21), en tanto entiende que habilita la ejecución de obras, siempre que se evite las inundaciones; a lo que agrega que, la proximidad del CDF con la zona urbanizada, al momento de la apertura del mismo, era de escasa población o prácticamente nula; y, en otro orden, con relación a la violación de la ley 25.675 -de medio ambiente-, sostiene que a tal evento adjunta EIA, donde se demuestra que la actividad no contamina el medio ambiente.-

IV.1.d. En lo concerniente al tratamiento y eliminación de los "líquidos lixiviados" hacia el arroyo "El Gato" sin el tratamiento adecuado, alega que se ha construido una planta de tratamiento de los mismos, para procesar una capacidad máxima de 100 mts.3 de líquido por día, detallando el procedimiento de tratamiento y sus distintas etapas, negando la contaminación de las napas freáticas.-

IV.1.e. Expresa también que, en relación a la calidad y control del CDF, se dispuso un monitoreo permanente de las aguas subterráneas, impermeabilización con geomembrana de polietileno de alta densidad de 1.500 micrones, sistema de extracción y transporte de líquido lixiviado, planta de tratamiento, plan de extracción y tratamiento de gases y sistema de control de origen y cantidad y calidad de gases.-
También descalifica la violación de la Ordenanza 1358 de la Municipalidad de Ensenada, en tanto considera que la misma no le resulta aplicable al CEAMSE, y no se verifica actividad extractiva de suelo o canteras.-

IV.1.f. Alega que no se produce contaminación ambiental, por cuanto el EIA por ella presentado, informa que los índices se encuentran por debajo de los parámetros normales establecidos, y que los malos olores son el producto de la descomposición de la basura y no implica contaminación. Niega la contaminación de las napas freáticas y desconoce el informe presentado por la UNLP, a tales fines.-
En lo referido al deterioro del paisaje, sostiene que el CEAMSE ha efectuado múltiples plantaciones de árboles para mitigar el impacto.-

IV.1.g. También sostiene que el CEAMSE, cumple con las previsiones del artículo 41° de la Const. Nacional, y 28 de la Const. Pcial., cuestiona la legitimación de la actora, y arguye la improcedencia formal de la acción intentada.-

V. Posteriormente, en autos se adjuntan los siguientes informes: a) De la Dirección Provincial de Recursos Naturales (Departamento Areas Protegidas), fs. 637/643, a través del que se informa que por ley 12.814 se declaró "Reserva Natural Integral Mixta" a las tierras comprendidas entre la Autopista La Plata-Buenos Aires hasta las aguas del Río de La Plata, entre el canal Baldovinos y la prolongación de la calle 236 de Punta Lara, anexando las tierras titularidad del CEAMSE, destacando la autoridad ministerial que los antecedentes legislativos de datan del año 1949; b) Del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, de donde surge que el "Fuerte Barragán", ha sido declarado como Patrimonio Cultural de la Provincia, en los términos de la ley 10.419, mediante el art. 1° inc. d) de la ley 11.242, y que el "Palacio Piria" fue declarado Monumento Histórico y bien incorporado al Patrimonio Cultural de la Provincia de Buenos Aires por ley 12.955 (fs. 655/664).-

VI. DE LA SENTENCIA.-

VI.1. A fs. 667/678, el magistrado de grado, resuelve hacer lugar a la acción de amparo intentada, ordenando la clausura del módulo "d" del Centro de Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos (CDFRSU), a partir del día 30 de octubre de 2006, prohibiendo recibir todo tipo de residuos a partir de esa fecha; declarando la prohibición de ingreso de residuos generados en partidos, cuya ubicación supere la distancia prevista por el art. 4° del decreto ley 9111/78, mesurada conforme los términos del apartado 13º de la sentencia, ello a partir del día 30 de junio de 2006, imponiendo las costas a la vencida (art. 25 ley 7166).-

VI.2. Para así resolver hubo considerado legitimada a la parte actora, considerando que el artículo 43° reconoce el concepto de afectado, a las asociaciones que propendan a esos fines, y en jurisprudencia de la Suprema Corte de la Provincia en causa "Asociación Civil Ambiente Sur", del 19.III.03).-

VI.3. En lo sustancial sostuvo que el principio de congruencia establecido en la ley 25.675 (Gral. de Medio Ambiente) exige que la legislación ambiental provincial y municipal debe adecuarse a los principios fijados por aquélla; y en tal caso, el decreto ley 9111/78 se encuentra en dicho proceso de adecuación.-

VI.4.También apoya su lógica argumental, en la sentencia pronunciada por la Sala 1° de la Cámara Federa de Apelaciones de La Plata, del 28.VI.05, en donde se puso de manifiesto los aspectos negativos de la técnica del relleno sanitario.-

VI.5. Hace mérito del emplazamiento del Centro de Disposición Final, y su proximidad con diversos centros poblados y urbanizados, dentro de un área protegida afectando sitios declarados como patrimonio cultural ("Fuerte Barragán y Palacio Piria"), y lugares turísticos con espacios lacustres adyacentes, considerando violado el artículo 20° de la ley 25.916 que prohíbe el emplazamiento en tales sitios.-

VI.6. Así también destaca la afectación de la "Reserva Natural Integral de Punta Lara" (leyes 11.544 y 12.814), no sólo por la existencia de acuíferos y su eventual contaminación, sino por alteración del ecosistema en su conjunto.-

VI.7. Se informó en la falta de inspecciones de la Secretaría de Política Ambiental de la Provincia, al Centro de Disposición Final aludido, en tanto, sostuvo que, es de su competencia, conforme ley 12.355 art. 28º, abordar el contralor de la misma, agregando, que dicha omisión, ha posibilitado la elevación desproporcionada de la superficie, situación que se constató en el reconocimiento judicial practicado.-

VI.8. En relación al Estudio de Impacto Ambiental (EIA), el Juez "a quo" sostuvo que el mencionado estudio no satisface las condiciones exigidas por la ley 25.916, por cuanto no se refiere al nuevo módulo construido en Ensenada, ni cuenta con la aprobación de la autoridad ambiental provincial competente (art.18 in fine ley cit).-

VI.9. También tuvo por constatada la modificación de la geomorfología y del paisaje de la zona, a tenor del reconocimiento judicial del predio, con una altura de 20 mts., en uno de los módulos que supera el nivel natural del terreno.-

VI.10. Respecto a la presencia de elementos contaminantes como el "plomo y cadmio" en el arroyo adyacente, expuso que, no obstante existir opiniones controvertidas en autos, el principio precautorio previsto en la Ley General del Ambiente, exige la adopción de medidas eficaces, ante la ausencia de información o certeza científica (art. 4 ley 25.675).-

VI.11. Concluyó en la violación efectiva del artículo 4º del decreto ley 9111/78, toda vez que entiende que, la distancia allí fijada debe responder el itinerario real de los residuos transportados, desde los municipios de Berazategui, y Florencio Varela, hasta el CDF.-

VI.12. Por último, hubo ponderado el incremento poblacional registrado en la zona del Gran buenos Aires, desde 1980 hasta el año 2001, previendo que la tendencia proyectada lejos está de estabilizarse, reconociendo el derecho de los pobladores de las zonas aledañas a gozar de un ambiente sano y de una vivienda adecuada, conforme el art. 11 inc. 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.-

VII. DEL RECURSO DE APELACIÓN:

VII. 1. Por medio de la presentación que luce glosada a fs. 682/755, la entidad demandada formula agravios en relación a la sentencia recaída en autos, ensayando, liminarmente, consideraciones genéricas, a modo introductivo, respecto del enfoque que el magistrado "A quo" hubo de proporcionar a su estructura decisoria, calificándola como "arbitraria y contradictoria" (sic).-

VII.2. Seguidamente, formula los siguientes agravios, (ap. IV del recurso de apelación), a saber:

VII.2.a. El apelante se alza contra la decisión de instancia en lo concerniente a la vía elegida, alegando que no existe fundamento para sustentar la vía procesal rápida y expedita de la acción de amparo, y que la cuestión en debate no puede constituir una situación nueva, sorpresiva o de peligro inminente, ni que se pueda argüir que la operación de los residuos y su disposición final resulte una actividad "manifiestamente" ilegal; agregando que, la acción intentada importa una instancia sumarísima y excepcional, quedando desvirtuada la procedencia del amparo ambiental previsto por el art. 43º de la Const. Nacional, sosteniendo que los actores no acreditaron siquiera una inferencia o un perjuicio a sus derechos constitucionales.-

VII.2.b. Alega que la sentencia sostiene la ampliación del centro de disposición de residuos, estimando que no existe tal ampliación, ni una sobreutilización del predio, acusando incongruencia en la decisión final, en tanto deja sin servicio de disposición final a toda la sub-región La Plata, resultando una solución "autopoiética" (sic), y que en tal caso, debe contemplarse una solución razonada de distintos niveles administrativos y legislativos, ajenos al cometido del Poder Judicial.-

VII.2.c. Denuncia la conducción arbitraria del proceso, por haber eliminado todo vestigio probatorio, en tanto se condena a su parte por simples sospechas que, a la postre, el fallo asume de manera "a-crítica" (sic), entendiendo que el supuesto agravio invocado por las asociaciones accionantes sólo puede ser acreditado tras el agotamiento de una instancia probatoria.-

VII.2.d. Impugna el fallo por considerar que el magistrado ha realizado una interpretación subjetiva de la diligencia de reconocimiento judicial de fs. 165/167.-

VII.2.e. Considera que la prueba documental aportada en autos, y los informes proporcionados por la Autoridad del Agua en el que se constata la presencia de "Plomo y Cadmio", no son definitivos, expresamente controvertidos en autos, no pudiéndose extraer de allí el principio precautorio en materia ambiental.-

VII.2.f. Cuestiona en autos la aplicación arbitraria del dispositivo derivado de la ley 25.916, sobre Gestión de Residuos Domiciliarios, de modo que de su efectivo cumplimiento no se derive un empeoramiento de la situación ambiental. Así también intenta cuestionar su aplicación temporal a la situación subjetiva de la empresa, en tanto ésta ha iniciado su puesta en marcha con antelación a su vigencia. Descalifica la aplicación del artículo 20ª del citado cuerpo legal, en cuanto a la determinación del emplazamiento de los rellenos sanitarios, considerando al respecto que dicho extremo resulta competencia de la autoridad local provincial, debiéndose armonizar su aplicación.-

VII.2. g. Reprocha la sentencia en crisis, en cuanto, según afirma, el magistrado "a quo", parte de la supuesta "inundabilidad" del predio, y que ante la ausencia de prueba, a cargo de la demandada, procede a encuadrar la situación en la excepción del art. 21º de la ley 25.916.-

VII.2.h. Expone una absurda valoración de los factores "culturales, turísticos e históricos", destacando el estado de abandono del "Palacio Piria", y "Fuerte Barragán", y que la sola existencia de una reserva natural "Punta Lara", en modo alguno resulta suficiente para calificar de antijurídica las tareas desarrolladas por el CEAMSE.-

VII.2.i. Cuestiona la interpretación del judicante de grado en lo concerniente a la aplicación del art. 4º del decreto ley 9111/78, ello en tanto, considera que los 20 km de distancia, se debe interpretar como la pauta legal, para que los municipios queden comprendidos en el mandato compulsivo de la disposición de residuos, y que en todo caso, es absurdo considerar la distancia sobre la base del recorrido de los camiones.-

VII.2.j. Descalifica la sentencia en cuanto hubo de sostener la insuficiencia del EIA, por falta de aprobación de la Secretaría de Política Ambiental. Al respecto considera que el CEAMSE, como ente inter jurisdiccional, no requiere de dicha aprobación.-

VII.2.k. Por último considera que el Juez de instancia, se excedió en sus funciones, convirtiéndose en administrador o legislador ingresando en su zona de reserva.-
En otro orden, alega, también, irrazonabilidad en los plazos contenidos en la sentencia condenatoria, y expone que la decisión resulta de imposible cumplimiento.-

VIII. Concedido el remedio recursivo, a tenor de la providencia de fs. 756, y consignado los efectos del mismo con carácter devolutivo, se sustancia el trámite, se agrega la presentación pertinente de la parte actora (fs. 270/282).-
A la luz del traslado conferido, los actores, exponen que:
a) El CEAMSE, hubo violado el convenio celebrado con la Municipalidad de Ensenada (cláusula 4º) en el que se estableció que la disposición de basura de residuos generados en Berazategui y Florencio Varela, se realizaba con carácter transitorio y excepcional, hasta el 31 de diciembre de 2004.-
b) Existe la violación de un orden jurídico ambiental, respecto del cual el CEAMSE no es ajeno.-
c) La ampliación de la planta se realiza con prescindencia de la titularidad dominial del inmueble.-
d) La sobre elevación de la cota por sobre el límite de las celdas o trincheras es evidente y surge a simple vista.-
e) El EIA, expresamente señaló que la capacidad de la planta no es actualmente suficiente para tratar la totalidad de los lixiviados y reconoce la existencia de riesgos de incendios y explosiones.-
f) La ampliación y creación de nuevos módulos no cuenta con EIA.-
g) El EIA, reconoce que existiría eliminación de lixiviados hacia el Arroyo del Gato, que en el reconocimiento judicial, habría ingresado un camión con residuos patogénicos, que abortó su cometido a instancias del Juez.-
h) Por último expresa que no resulta posible que el CEAMSE, ordene sus propios controles bajo informes de dudosa idoneidad, y que no tenga sobre ella una supervisión de una autoridad con competencia en la materia, invirtiéndose la carga probatoria en materia ambiental.-
IX. Mediante providencia de fs. 283, se elevan las actuaciones al Tribunal para su conocimiento y resolución, resolviéndose plantear y votar las siguientes:

C U E S T I O N E S:

1º) ¿Es justa la sentencia apelada?

2º) En su caso,¿Qué temperamento corresponde adoptar?

V O T A C I Ó N:

A la primera cuestión planteada, el Dr. Gustavo D. Spacarotel dijo:

I. El recurso reúne los recaudos de admisibilidad, en tanto ha sido interpuesto en tiempo y forma (arts. 18 y 19 de la ley 7166), habiéndose cumplimentado con la permanente sustanciación (art. 20 ley 7166, y 243 y 246 del CPCC), correspondiendo ingresar en el tratamiento.-

II. En lo sustancial, corresponde analizar la procedencia de los argumentos que ostenta la pieza impugnatoria de fs. 682/755, y en su caso, indagar si los mismos permiten conmover los extremos fundantes de la sentencia en crisis.-

III. LEGITIMACIÓN DE LA ACTORA.-

Liminarmente, corresponde expresar que la legitimación de la actora debe ser considerada aun de oficio por el tribunal de apelación, en tanto constituye un presupuesto ineludible de la acción que se ejerce, haciendo a la existencia o no de la relación jurídica en que se funda el pleito (doct. art. 345, inc. 3°, Cód. Proc. y art. 20 ley 7166, mi voto causa "Adecua", CCASM, -de feria-, Nº 449 Sent. 25.1.06). En tal cometido habré pues de expresar que, en cuanto a la legitimación que los actores exhiben para promover un amparo colectivo, en materia de tutela del medio ambiente el nuevo art. 43 de la Const. Nacional, reconoce legitimación para promover acciones de amparo a sujetos potencialmente distintos de los afectados en forma directa por el acto u omisión que, en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos o garantías reconocidos por la Constitución, un tratado o una ley; de este modo el art. 43 C.N. reconoció una acción para proteger los derechos de incidencia colectiva, invocado, con distintos resultados, en acciones dirigidas a cuestionar: vgr. un concurso público para la selección de proyectos para la instalación de plantas de tratamientos de residuos peligrosos ("Schroder, Juan v. Estado Nacional" , C. Nac. Cont. Adm. Fed., sala 3ª, del 8/9/1994, LL 1994-E-449).-
En este sentido, la reglamentación de la pauta constitucional ambiental contenida en el artículo 41º de la Const. Nacional, ha sido reglamentada por la ley 25675 de Política Ambiental Nacional, y concordantemente con el texto constitucional, otorga legitimación a las asociaciones no gubernamentales para obtener la recomposición del ambiente (art. 30 ).-
De este modo se advierte que se habría producido un ensanchamiento de la legitimación activa en lo referente a los derechos de incidencia colectiva, expresión que involucra a los denominados intereses difusos o colectivos. En su virtud, además del Defensor del Pueblo y las asociaciones registradas con ese objeto, puede promover la acción de amparo toda persona que experimente una lesión o menoscabo manifiestamente ilegal o arbitrario, de manera directa o indirecta.-
La legitimación ambiental se muestra ampliada, entendiéndose, a tal efecto, que toda persona portadora de un interés mínimo, razonable y suficiente puede actuar en defensa de los derechos de incidencia colectiva (Andorno, Luis O., "La responsabilidad por daño al medio ambiente", JA 1996-IV-877). En este andarivel, la noción de "afectado" se encuentra estrechamente vinculada a la de "habitante", como sujeto titular del derecho al ambiente, exorbitando la idea de damnificado directo o inmediato, Así se sostuvo que "...El término "afectado" no debe ceñirse a la noción de damnificado directo o inmediato. La idea de afectado se vincula estrechamente con la "alusión al `habitante´ que como sujeto titular del derecho al ambiente liminarmente efectúa el art. 41" (Carnota, Walter F., "El debido proceso ambiental", ED 160-991).-
En efecto, el art. 41 de la Constitución en relación con el nuevo art. 43 incluye como se ha dicho algunos lineamientos en este aspecto, varios de ellos tomados de la Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, de junio de 1992, que expresaba: "El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población, poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre estos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes".-
De este modo se advierte, sin hesitación, los noveles contornos que perfilan a la acción de "amparo ambiental", su amplia legitimación, de consuno con los derechos a una efectiva información, educación, acceso a la justicia, reparación de daños, vías expeditas, extremos éstos que constituyen algunas de las medidas a implementar por el Estado en punto a la custodia del medio ambiente de acuerdo con las nuevas directrices constitucionales (véase Carlos Enrique Camps y Luis María Nolfi, en "La recepción constitucional de la protección del medio ambiente: operatividad y eficacia", en ED del 21/5/1996; Lago, Daniel H., "Derecho a la información y participación comunitaria en la Ley Ambiental de la Provincia de Buenos Aires", LL 1996-IV-927; Botassi, Carlos Alfredo, "La nueva legislación ambiental bonarense", LL 1996-IV-892, y Malm Green, Guillermo, "Algunos comentarios sobre estudios de impacto ambiental", LL 1995-A-801).-
En ese entendimiento también lo ha sostenido la Suprema Corte de la Provincia en causa caratulada "Sociedad de Fomento Cariló c/ Municipalidad de Pinamar s/ Amparo" s. 29.5.02, y en causa B 65.269 "Asociación Civil Ambiente Sur", I. 19.III.03, en donde se sostuvo que "...la pretensión no reposa en la afectación de situaciones jurídicas subjetivas individuales sino en el derecho a un ambiente sano -arts. 28 y 20 inc. 2 de la Const. Pcial.-, que el cuestionado emprendimiento de la demandada conculcaría ilegítimamente".-
También he tenido ocasión de pronunciarme en sentido receptivo a la legitimación inherente a la acción de amparo colectivo en las causas CCALP Nº 336 "Arias", y Nº 1085 "Rodoni", respecto a la situación jurídica subjetiva esgrimida por el actor en tanto la Constitución local, luego de su reforma del año 1994, garantiza inequívocamente la defensa ambiental, al contemplar que los habitantes de la Provincia tienen el derecho a gozar de un ambiente sano y el deber de conservarlo y protegerlo en su provecho y en el de las generaciones futuras. Y que el estado provincial deberá preservar, recuperar y conservar los recursos naturales, renovables y no renovables de su territorio; planificar el aprovechamiento racional de los mismos; controlar el impacto ambiental de todas las actividades que perjudiquen al ecosistema; promover acciones que eviten la contaminación del aire, agua y suelo (conf. su art. 28).-
En la especie, los actores acceden al proceso como portadores individuales y colectivo de intereses difusos, los que pertenecen idénticamente a una pluralidad de sujetos, en cuanto integrantes de grupos, clases o categorías de personas, ligadas en virtud de la pretensión de goce, por parte de cada una de ellas, de una misma prerrogativa. De forma tal que la satisfacción del fragmento o porción de interés que atañe a cada individuo, se extiende por naturaleza a todos; del mismo modo que la lesión a cada uno afecta, simultánea y globalmente, a los integrantes del conjunto comunitario.-
Pero esta dualidad no resulta en absoluto excluyente, sino por el contrario acumulativa. El individuo ostenta un interés propio, y por añadidura, conforma o forma parte de otro interés distinto, colectivo, de pertenencia difusa, si se quiere, pero que también le confiere legitimación para accionar, aunque en este último caso -precisa con acierto Bustamante Alsina- debe tratarse de "un interés razonable y suficiente, no desde la estimación subjetiva del accionante, sino desde la valorización objetiva y en abstracto que hará el juez considerando la posible real afectación del reclamante por su vecindad espacial con el hecho o la circunstancia determinante del interés difuso" ("Derecho Ambiental", Ed. Abeledo-Perrot, 1995, p. 86), notas que sin ninguna duda concurren y han conferido -conforme apreciación del juez de grado- suficiente legitimación al reclamanete de autos (conf. SCBA, Ac 60094 S 19-5-1998; AC 77608 S 19-2-2002).-
En ese entendimiento luce incuestionable la legitimación activa de los actores, frente a la norma constitucional invocada (arts. 41 y 43 C.N. y 20, 28 Const.Pcial), lo que justificó la necesidad de abrir la instancia jurisdiccional para residenciar el reclamo interpuesto, cuyo derecho de incidencia colectiva y su defensa en el marco del planteo judicial se acredita con los estatutos que en su parte pertinente, justifican el objeto asociativo (ver. fs. 15/58).-

IV. IDONEIDAD DE LA ACCIÓN DE AMPARO AMBIENTAL.-

IV. Es importante destacar, que en las presentes actuaciones, no se trata de una simple acción de amparo, reducida a los recaudos tipificantes que, de consuno, se verifican como determinantes para analizar la admisibilidad y procedencia de la acción expedita (arts. 1, 2, 6, de la ley 7166).-
En la especie la acción de amparo en materia ambiental erige sus contornos configurativos a la luz del objeto tutelar determinado en el artículo 41º de la Const. Nacional y el art. 28 de la Const. Pcial.-
En este sentido, cabe recordar que la Constitución local, luego de su reforma del año 1994, garantiza inequívocamente la defensa ambiental, al contemplar que los habitantes de la Provincia tienen el derecho a gozar de un ambiente sano y el deber de conservarlo y protegerlo en su provecho y en el de las generaciones futuras.-
También establece el deber del estado provincial de preservar, recuperar y conservar los recursos naturales, renovables y no renovables de su territorio; planificar el aprovechamiento racional de los mismos; controlar el impacto ambiental de todas las actividades que perjudiquen al ecosistema; promover acciones que eviten la contaminación del aire, agua y suelo (conf. su art. 28). Por lo demás, es el propio rango de las normas examinadas el que permite derivar con claridad, y al amparo de lo reglado por el art. 31 de la Constitución Nacional, que la inmediata protección de un bien fundamental que debe ser preservado aún para las generaciones futuras (conf. arts. 28, Const. Prov. y 41 de la Const. Nac.), no puede perfilarse con los mismos recaudos de procedencia que el amparo convencional.-
Así ha de recordarse que abundante y caracterizada doctrina destaca en la actualidad la existencia de una acción de amparo de características peculiares, propias, calificada como "amparo ambiental" (puede citarse, a título de ejemplo meramente enunciativo: Peyrano, Guillermo F., "La acción de amparo del art. 43 de la Constitución Nacional, vía de tutela genérica del medio ambiente", en JA 1999-IV-1167 ; del mismo autor, "La acción de amparo como medio de tutela de los intereses colectivos o difusos...", en JA 1996-IV-938; Tawil, Guido Santiago, "La cláusula ambiental en la Constitución Nacional", LL 1995-B-1292), reafirmándose por otra parte la esencia de orden público que acompaña al derecho ambiental por su directa vinculación con la salud de la población, la calidad de vida y la dignidad de la persona humana (Bustamante Alsina, Jorge, "El orden público ambiental", en LL 1995-E-918), ámbito en el cual se presentan como cuestiones inescindibles, más aún, inseparables, las urbanísticas y las ambientales en el sentido estricto (ver Tawil, Guido Santiago, "La cláusula ambiental en la Constitución Nacional", LL 1995-B-1325).-
La queja vinculada al "desconocimiento de los requisitos de la acción de amparo" (cap. IV.1 de la expresión de agravios), no puede tener andamiento favorable, en tanto lo expuesto se explica en que la acción intentada procura una solución expedita, preventiva, frente al riesgo potencial de daño, valores que por otra parte tienen jerarquía supra legal previstos en el art. 25 del Pacto de San José de Costa Rica, el cual posee rango de garantía constitucional por el art. 75 inc. 22 de la Carta Magna federal.-
Todo el esfuerzo recursivo fundado en la inaptitud del amparo para la protección del medioambiente es insuficiente para socavar la afirmación concreta del magistrado sobre una cuestión precisa: la protección del medio ambiente como supuesto de "interés público prevalente" (cons. 4º de la sentencia recurrida), y en su caso la necesidad de acreditar en autos la certeza de la ausencia de vulneración del compromiso ambiental denunciado.-
En este aspecto, resulta insuficiente el agravio alegado por el recurrente cuya fundamentación prescinde de atacar las razones dadas por el sentenciante para llegar a la conclusión que impugna (conf. SCBA . Ac. 47.587, sent. del 6.V.1993; Ac. 60.435, sent. del 17.VI.1997; Ac. 67.185, sent. del 16.II.1999).-
Por ello, procede puntualizar que admitir tal tipo de derechos sustantivos importa, por un mínimo de congruencia interpretativa, reconocer también legitimación judicial para su defensa y ejercicio. No se puede sostener racionalmente que exista derecho pero no que exista acción (Gordillo, Agustín, "Tratado de Derecho Administrativo", Fundación de Derecho Administrativo, t. 2, 2ª ed., II-11).-
Ello así máxime la relevancia del amparo como remedio excepcional y vía apta para la protección de derechos y garantías que cuenta con el realce otorgado por el art. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -aprobada por ley 24.053 y luego incorporada al art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, denotativo de la relevancia cardinal de la protección ambiental, en tanto de su parte no se advierte de su argumentación más que conceptos de carácter general que se muestran inconsistentes para atacar, en este aspecto, la sentencia impugnada.-

V. LA IMPUGNACIÓN DEL REGIMEN LEGAL NACIONAL COMO FUNDAMENTO DE LA SENTENCIA EN CRISIS.-

V.1. El quejoso finca su primer agravio en "...la absurda, arbitraria e inconstitucional aplicación de la ley 25.916, de "Gestión de residuos domiciliarios", considerando inaplicable, a su situación singular de la calidad del sujeto demandado (interjurisdiccional), por comprometer la jurisdicción local, y desde otro ángulo, alegando su carácter temporal, por ostentar un emplazamiento anterior a su vigencia.-

V.2. La competencia ambiental y la aplicación del régimen legal impugnado en las presentes.-

V.2.a. Liminarmente, ha de establecerse que la queja en estudio pretende colocar a la entidad demanda, por su naturaleza -ente Interjurisdiccional-, al margen de la normativa legal nacional que establece presupuestos mínimos de adecuación.-
Al respecto, ha de recordarse que el pensamiento actual de la mayoría de la doctrina estima que a partir de la reforma Constitucional de 1994, el artículo 41º consagra un nuevo principio al asignar competencia específica y privativa al Congreso Nacional para regular los presupuestos mínimos de protección ambiental, dejando a las Provincias el dictado de la legislación pertinente (GAMBIER, Beltrán y LAGO, Daniel H. "El medio ambiente y su reciente recepción constitucional", Separata de Revista. E.D., "Temas de Derecho Constitucional". P.27, 1995"); y teniendo en cuenta la supremacía constitucional que prescribe el artículo 31º de la Constitución Nacional, se produce una superior jerarquía de la legislación básica nacional sobre la complementaria que dicten las Provincias (CASSAGNE, Juan Carlos "Sobre la protección ambiental", L.L.4.12.95.); generándose un "federalismo concertado" que ha cambiado el funcionamiento del federalismo en nuestro país, pues antes, lo relativo al dictado de los presupuestos mínimos era competencia concurrente, en tanto que ahora es exclusivo de la Nación (QUIROGA LAVIE; Humberto "La Protección Ambiental en la reforma constitucional" L.L.18.3.96., implicando un cambio sustancial en materia de atribución de competencias e invirtiendo el principio hasta el momento vigente (TAWIL, Guido S. "La cláusula ambiental en la Constitución Nacional" L.L. 1985-B, 1291; destacándose que los presupuestos mínimos de protección serán "legislación federal...común para todo el país" (NATALE, Alberto A. "Protección del medio ambiente en la reforma constitucional" Diario L.L. 22.12.94.).-
En esta télesis, se advierte que la reforma constitucional introduce notables cambios al régimen de competencias en materia de medio ambiente y de los recursos naturales, y en este contexto, advierto que la entidad demandada no puede permanecer ajena a su aplicación, a la luz de los principios competenciales de allí derivados, los cuales siempre habrán de reconocer las jurisdicciones locales en la materia (artículo 5º, 121º, 124º de la Constitución Nacional).-
Ese temperamento armonizador parece haber consagrado la ley nacional 25.916 cuando si bien establece en el artículo 5º que "...Serán autoridades competentes de la presente ley los organismos que determinen cada una de las jurisdicciones locales.", seguidamente,, se impone el deber de complementar la norma nacional para su cumplimiento efectivo, imponiendo el deber de establecer "...sistemas de gestión de residuos adaptados a las características y particularidades de su jurisdicción, los que deberán prevenir y minimizar los posibles impactos negativos sobre el ambiente y la calidad de vida de la población (art. 6º).-
Dicha télesis es la que hubo regido el marco ambiental general derivado del artículo 41º de la Const. Nacional, dictándose distintas leyes federales de presupuestos mínimos, a saber: ley 25612 de Gestión Integral de Residuos Industriales y de Actividades de Servicios; ley 25675 General del Ambiente; ley 25670 sobre la Gestión y Eliminación del PCB's.; ley 25688 de Gestión Ambiental de Aguas; ley 25831, de Libre Acceso de Información Ambiental.-
Normativa que si bien, no descalifica, ni excluye la jurisdicción local en la materia, por cierto, establece un régimen concurrente de armonización, extremos que fue reconocido por la CSJN en autos "Roca Magdalena c/Buenos Aires, Provincia s/inconstitucionalidad", donde la CSJN, declina su competencia por entender que "...si lo que se pone en tela de juicio son cuestiones concernientes al derecho público local, el litigio no debe ventilarse en la instancia originaria de la Corte, ya que el respeto de las autonomías provinciales requiere que se reserve a sus jueces el conocimiento y decisión que en lo sustancial versan sobre aspectos propios en uso de las facultades reservadas de las provincias..."(E.D. t.164.726.del 16.5.1995).-
De este modo la ley 25675 General del Ambiente define a los presupuestos mínimos como "toda norma que concede una tutela ambiental uniforme o común para todo el territorio nacional, y tiene por objeto establecer condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental".-
Se ha sostenido que "...estas leyes vienen a conformar los cimientos jurídicos sobre los que se construye la política ambiental, definiendo las áreas prioritarias para la gestión pública y los instrumentos para lograr los objetivos definidos por la política ambiental (conf. Walsh, Juan R., "La ley 25916 sobre Gestión de Residuos Domiciliarios: Una pieza nueva en el tablero de los presupuestos mínimos de protección ambiental", ADLA LXIV-E, p. 6565).-
En ese sentido, ha de destacarse que la ley constituye el fundamento para una política de Estado en la materia, orientada a encaminar a todos los municipios y provincias del país a adecuar su gestión a las pautas mínimas estipuladas para el manejo de residuos (conf. Walsh, Juan R., op. Cit.).-
Entre los objetivos establecidos en la normativa se encuentran el de "lograr un adecuado y racional manejo de los residuos domiciliarios mediante su gestión integral, a fin de proteger el ambiente y la calidad de vida de la población" (art. 4, inc. a), "minimizar los impactos negativos que estos residuos puedan producir sobre el ambiente" (art. 4 inc. c), "lograr la minimización de los residuos con destino a disposición final" (art. 4 inc. d).-
Desde otro ángulo así también ha sido consagrado por la ley general de medio ambiente Nº 25.675, en congruencia con la redacción del párr. 3º del art. 41 de la Const. Nacional, reforzado por el art. 7 ley 25675, que dispone como principio general la competencia de los jueces provinciales y sólo excepcionalmente la intervención del fuero de excepción en los supuestos ya enumerados en el art. 116 Const. Nacional.-

V.2.b. Bajo estas pautas, se advierte que el Cinturón Ecológico Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), ha sido creado a partir de un convenio celebrado entre la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires -hoy Ciudad Autónoma- el 6/5/1977, organizado bajo el régimen de la ley 20705, y cuyo capital fue suscripto e integrado totalmente por partes iguales por esos dos socios.-
El CEAMSE tiene como función esencial, entre otras, la planificación, proyección y ejecución por sí, o mediante contratación de terceros, de la disposición final de los residuos domiciliarios de toda el área metropolitana, mediante el procedimiento de relleno sanitario.-
Al respecto el tuve ocasión de reconocer la competencia del Tribunal en la materia (causa CCALP Nº 670 "Municipalidad de Ensenada", res. del 28-12-04), extremo por cierto consentido por el recurrente, de modo que no puede eximirse de la aplicación que la jurisdicción local hiciere de la legislación de presupuestos mínimos nacional, al caso particular, en resguardo de los principios discernidos por los artículo 41º de la Const. Nacional y 28 de la Const. Pcial., lo contrario implicaría establecer un principio de "inmunidad" jurisdiccional intolerable en el régimen constitucional argentino.-

V.2.c. Por lo demás así parece haberlo consignado el legislador nacional en tanto con el fin de fortalecer la cooperación en el cumplimiento de los objetivos, el art. 23 ley 25916 establece una serie de atribuciones al Consejo Federal de Medio Ambiente (CoFeMA), consolidando a su vez un sistema de coordinación interjurisdiccional en materia de residuos domiciliarios.-
Así, el CoFeMA tiene atribución para "consensuar políticas de gestión integral de los residuos domiciliarios" (art. 23 inc. a), "Acordar criterios técnicos y ambientales a emplear en las distintas etapas de la gestión integral" (art. 23 inc. b), "Consensuar, junto a la Autoridad de Aplicación, las metas de valorización de residuos domiciliarios" (art. 23 inc. c).-
También el art. 7º consagra la noción de "regionalización en la gestión de los residuos", al establecer que las autoridades competentes pueden suscribir acuerdos que posibiliten la implementación de estrategias regionales para alguna o todas las etapas de la gestión integral de los residuos domiciliarios.-
La Suprema Corte también así lo hubo de sostener cuando expresara que "...En materia ambiental lo que existe es una gestión concurrente de intereses comunes, pero en jurisdicción propia, fundada en poderes propios. No se discute pues la potestad jurídica de las comunas de limitar el ejercicio de determinados derechos individuales con el fin de asegurar el bienestar general. Nos encontramos, entonces, frente a un poder o facultad de dictar normas en materia ambiental que corresponde al Estado Federal en cuanto a los presupuestos mínimos o contenidos mínimos y a las provincias y municipios las que sean necesarias para complementarlas" (SCBA, I 1982 S 31-10-2001).-
También nuestro máximo Tribunal provincial sostuvo que "En el campo ambiental, como hemos visto, se ha producido una delegación a favor de la Nación en lo que hace a la determinación de los presupuestos mínimos para su protección, las provincias han renunciado así a importantes competencias originarias en excepción al principio anteriormente receptado en el art. 121, reservándose exclusivamente las facultades necesarias para dictar normas complementarias, conservando el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio (conforme al art. 124 Const. Pcial) SCBA, I 1983 S 20-3-2002 , voto del Dr. HITTERS (SD).-

V. 3. En razón de los argumentos expuestos, considero que en este aspecto no le asiste derecho al recurrente, ello así toda vez que el magistrado de grado, hubo considerado el régimen legal nacional, en una justa y correcta armonización con la normativa local (ley 11.723 general de medio ambiente; Leyes 11.544 y 12.814 que consagran la protección de la "Reserva Natural Integral de Punta Lara", todo ello conforme ley 9111/78), haciendo mérito del emplazamiento de la actividad y su proximidad con los centros urbanos en tanto en el artículo 20º prescribe la necesidad de que estos centros se deban ubicar "...en sitios suficientemente alejados del área urbana, de manera de no afectar la calidad de vida de la población", y su emplazamiento deberá determinarse considerando la planificación territorial, el uso del suelo y la expansión urbana durante un lapso que incluya el período de post clausura, agregando seguidamente que "... no podrán establecerse dentro de áreas protegidas o sitios que contengan elementos significativos del patrimonio natural y cultural" (art. 20 cit).-
Esta complementariedad en la actividad de las jurisdicciones federales y locales en materia ambiental, y la regionalización de las tareas en la que pueden comprometer los cometidos de los diversos Estados procura una armonización, que tornen inoperantes las normas operativas vigentes, bajo la excusa de una inadmisible inmunidad jurisdiccional.-
La lógica aplicable en la problemática de residuos domiciliarios es "transversal", considerando que cada etapa en el "ciclo de la basura" es consecuencia de las instancias anteriores y, a su vez, constituye un factor condicionante para las etapas sucesivas. No es posible plantear soluciones jurídicas o técnicas de manejo acertado, sin tener en cuenta las interrelaciones de las diferentes etapas entre sí. Definir la incorporación de una etapa de transferencia, entre la recolección y la disposición final, será en gran medida el resultado de la modalidad y distancia que pueda existir entre el lugar de generación hasta el sitio de disposición final..." (conf. Walsh, Juan R., "La ley 25916 sobre Gestión de Residuos Domiciliarios: Una pieza nueva en el tablero de los presupuestos mínimos de protección ambiental" cit., p. 6567).-

V.4. En relación al agravio relativo a la inaplicabilidad de los principios mínimos protectivos de la legislación nacional, ha de expresarse que el recurrente hubo soslayado que en materia ambiental rige el denominado "Principio de congruencia", que reglado por la Ley General del Ambiente 25675, extremo éste oportunamente consagrado, en el ámbito regional, en el art. 1 del Tratado de Asunción del Mercosur, ley 23981 (LA 1991-B-1645). Allí se lo describe estableciendo la necesidad que la legislación provincial y municipal referida a lo ambiental deberá ser adecuada a los principios y normas fijadas en la presente ley; en caso de que así no fuere, ésta prevalecerá sobre toda otra norma que se le oponga.-
Mal puede entonces pretender el recurrente que el CEAMSE, creado por una norma de 1978 permanezca en un ámbito anquilosado y de reserva legislativa que resulte ajeno al juego conjunto de los principios de complementariedad, y supremacía federal, entendido este último, en nuestro Estado federal, que el ordenamiento jurídico del Estado federal es supremo sobre los respectivos ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, quienes pueden crear su derecho local en el marco del derecho federal (arts. 5 y 123 CN.). Si se salen de dicho marco la creación es inválida (Quiroga Lavié, Humberto, Benedetti y Cenicacelaya, "Derecho Constitucional argentino", 2000, Ed. Rubinzal-Culzoni, p. 878.).-
Congruencia significa, en términos del legislador, que el complemento legislativo provincial -al que agrega el municipal- deberá ser "adecuado" a los principios y normas que establece la Ley General del Ambiente. Adecuar significa "acomodar una cosa con otra". Con ello lo que se quiere decir es que las normas que pertenezcan a los órdenes provinciales y municipales se deberán amoldar a las de presupuestos mínimos nacionales (consecuencia directa del principio de supremacía federal del art. 31 CN.), pero desarrollándolas o maximizándolas en la protección.-
Esto implica la plena operatividad del principio de complementariedad y optimización en la protección ambiental (principio que desarrollaremos a continuación). Así, la congruencia reglada por la Ley General del Ambiente incluye la supremacía federal, la que debe coordinarse con el elemento complementariedad derivado del párr. 3º del art. 41, CN.-
En cuanto al funcionamiento de este principio, el mismo propone una centralización del esquema de presupuestos mínimos nacionales que contiene la ley y una uniforme dispersión de los mismos en todo el ámbito provincial y municipal. La Ley General del Ambiente 25675 esparcirá sus principios sobre un sistema cuádruple: a) primero sobre las normas provinciales generales del ambiente; b) luego sobre las normas sectoriales o específicas provinciales; c) posteriormente en la normas ambientales generales de nivel municipal (en algunos lugares llamadas "Cartas Municipales"); y finalmente, d) en las normas sectoriales municipales (García Minella, Gabriela, "Municipio y medio ambiente, aspectos relevantes de la participación vecinal y la gestión ambiental", LL del 18/11/1999, ps. 6/7).-
Ello así se advierte que el legislador utiliza un criterio amplio al referirse a las normas ambientales provinciales y municipales sobre las que se aplicará la obligatoria congruencia. De esta forma la legislación provincial y municipal referida a lo ambiental, fórmula que incluye no sólo las normas generales provinciales y municipales (complementarias de la ley 25675), sino también las normas complementarias especiales que se ocuparán del desarrollo legislativo de las normas especiales de presupuestos mínimos nacionales (Esaín, José, A. "El federalismo ambiental. Reparto de competencias legislativas en materia ambiental en la Constitución Nacional y en la Ley General del Ambiente 25675". SJA 7/1/2004 JA 2004-I-776).-
Conforme los argumentos expuestos, tampoco deviene atendible el agravio referente a la exclusión material o temporal de la legislación ambiental que como presupuestos mínimos se erigen, a nivel nacional, en correspondencia con la legislación complementaria provincial.-

VI. EL PRINCIPO PRECAUTORIO Y LA LEGISLACIÓN LOCAL PROTECTIVA DE LOS RECURSOS CULTURALES, TURISTICOS E HISTORICOS.-

VI.1. El recurrente sostiene una "absurda" valoración de los recursos culturales, turísticos e históricos de la región.-
Al respecto, habré de remitirme a los informes producidos en autos por el Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia, (fs. 637/643), en donde se destaca como "...Reserva Natural Integral Mixta de conformidad con la categorización prevista por la ley 10.907, a la extensión de tierras comprendidas entre la autopista La Plata-Buenos Aires hasta las aguas del Río de La Plata, entre el canal Baldovinos y la prolongación de la calle 236 de Punta Lara", conteniendo expresamente las tierras nomencladas y catastradas a nombre de la demandada (art. 1º ley 12.814 y 11.544).-
En tal sentido dicha norma y su notificación operó "ministerio legis", conf. el artículo 1º modificatorio de su similar, art. 4º ley 11.544, y en tal caso, de advertirse oposición al texto legal la ley declaró de utilidad pública el predio y en su caso sujeto a expropiación.-
En lo que concierne al conflicto de autos, la norma tuvo por finalidad "conservar la biodiversidad del ecosistema ribereño rioplatense", y "garantizar los servicios ambientales que brindan los procesos naturales a todos los bonaerenses".-
Es claro que dicho régimen legal, reconoce antecedentes, antes de la adquisición del dominio por parte del CEAMSE, a la luz de los decretos 5421 de 1958, que declaró al área como "reserva definitiva", y su antecesor nº 18.529 de 1949, que transfiriera a la Dirección de Política Forestal la "Reserva Forestal -sobre el arroyo las cañas- en la localidad de Punta Lara."
En este aspecto, el recurrente no introduce argumentos que permitan demostrar la inaplicabilidad o vigencia del precepto legal a su respecto, tampoco, y menos aún demuestra de qué manera se garantizan los procesos ambientales en la región, ni cómo el emprendimiento garantiza la biodiversidad en el área de emplazamiento, y ampliación del predio, ello magüer, el estudio de impacto ambiental, que en lo concerniente a la ley en ciernes, nada menciona en su factor contaminante, ni las remediaciones que deben introducirse.-
En otro orden, el recurrente se limita a desvalorizar el estado de mantenimiento del "Fuerte Barragán", y describir la situación de deterioro del "Palacio Piria", (tutelados por las leyes 10.419 y 12.955 respectivamente), conforme lo expresa el informe del Instituto Cultural de la Provincia; empero en modo alguno, dicho aserto, no obstante la ausencia de prueba que avale sus dichos, le permite justificar el incorrecto emplazamiento y la posterior creación de un nuevo módulo, y en su caso, la compatibilidad del emprendimiento o bien la eventual afectación de los recursos históricos potencialmente afectados, considerando las medidas mitigadoras, en función de los valores comprometidos.-
Esto es, en otros términos, el esfuerzo del quejoso por despreciar los valores en ciernes, no permite tener por atendible, en sentido lógico, como embate eficaz a la sentencia en crisis, y menos aún por acreditada la inocuidad del emprendimiento cuestionado en autos, razón por la que tampoco juzgo por acreditado el agravio planteado en ese sentido.-

VI.2. Una orientación contraria a los argumentos del impugnante permite valorizar que en la especie la demandada no pudo acreditar la salvaguarda del "principio precautorio" que en materia ambiental se erige como orientación cardinal. En efecto, la sentencia recurrida efectúa una correcta exégesis en la ponderación del mencionado principio.-
Así ha de recordarse, conforme tuve ocasión de expedirme en la causa CCALP Nº 404 "Longarini", res. del 11.5.05, la vigencia y aplicación del "principio de prevención" y el "precautorio" (art. 4º Ley 25.675) que deben precidir las decisiones políticas, o de oportunidad jurisdiccional a la hora de ponderar una decisión limitativa de un derecho constitucional (ejercer industria lícita -art. 14º C.N.), en aras de tutelar armónicamente el compromiso ambiental y en la salud de la población (art 41, 42, 43 de la Const. Nacional, art. 28 de la Const. Pcial.), frente a supuestos en los que la actividad desarrollada pudiera afectarlos, que deben garantizarse, debe ponerse a resguardo por el titular del emprendimiento.-
La principal característica del principio de precaución, está dirigida a gerenciar el riesgo de un daño desconocido o mal conocido, derivando entonces en la toma de medidas aún antes de que el peligro de daño pueda ser realmente identificado. En cambio, el principio de prevención, intenta mitigar los posibles efectos dañosos de una actividad o proyectos cuya nocividad resulta conocida (Tripelli, Adriana, "El principio de precaución en la bioseguridad", p. 283 y ss., en la obra colectiva: "Tercer Encuentro de Colegios de Abogados sobre Temas de Derecho Agrario", febrero de 2001).-
En este sentido ha de recordarse que el principio precautorio refuerza la idea predominante en el derecho ambiental de prevención. Es un instrumento idóneo para la defensa del medio ambiente, en situaciones de riesgo potencial, frente a la duda científica, y de cara a la posibilidad medianamente aceptable de un peligro ecológico o ambiental amerita la tutela judicial. (ver. CAFFERATTA, Néstor A. "El principio de prevención en el derecho ambiental", Revista de Derecho Ambiental, Noviembre 2004, pág.10 y ss).-
Bajo dicha pauta se ha reconocido frente a situaciones de difícil prueba (Peyrano, Jorge W. "La prueba difícil", J.A. 203-III. Fascículo nº 7), o en casos llamados como de "alta complejidad" (Morello, Augusto M. "Los Tribunales y los abogados frente a los problemas que plantean los litigios complejos" JA 190-I.929).-
Los argumentos utilizados por el recurrente, en este aspecto, demuestran una desconsideración por la preservación del patrimonio cultural, -tangible e intangible-, el que se erige como el sello identificador de una ciudad, región o país, así como lo es el lenguaje, frente a la universalización o globalización del siglo XXI.-
En ese entendimiento el patrimonio cultural debe ser protegido como patrimonio del medio ambiente, y la UNESCO, en París en 1972, aprobó la "Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural", que fue ratificada por nuestro país mediante ley 21.836 (BO 14.7.78), concomitante a la creación del CEAMSE.-
Así también ingresa en la necesidad tuitiva el concepto de "paisaje", en tanto la mencionada convención lo pondera como de "valor universal excepcional", máxime en los casos de "monumentos naturales", las "zonas naturales que tengan un valor universal excepcional". Se advierte entonces que el "paisaje", participa de una manera importante sobre el interés general, sobre los planos culturales, ecológicos, medioambientales, y sociales. Contribuye a la elaboración de las culturas locales, representa un componente fundamental del patrimonio cultural y natural, es importante para la calidad de vida de la población, en los medios urbanos y en la campaña, en los territorios degradados, como en los que no lo están; en los espacios destacados como en los que no lo son; constituyen un elemento fundamental para el bienestar individual y social, su protección su gestión y su mantenimiento implican los derechos y las responsabilidades de cada uno (confr. Préambule de la Conventión Européene du Psyage, Florencia 20.10.00, citado por María Delia Pereiro de Grigaravicus. Lexis nexis. Revista de Derecho Ambiental. Nov. 04, pág. 81).-
En este sentido, el término "patrimonio" no se usa, en materia ambiental, con la acepción clásica del derecho civil que lo considera el conjunto de bienes de una persona, sino con la tradicional de origen latino de conjunto de bienes heredados de los padres, en sentido lato. Pero también con el criterio de que ese patrimonio debe ser preservado para otras personas presentes y futuras, lo que impone cargas y deberes y restringe su disponibilidad (Morand Deviller, Jacqueline, `Le Droit de l' Environnement', Presses Universitaires de France, 1996, París, p. 67; citado por Valls, Mario F., "Nuevos criterios para la protección del patrimonio arqueológico-paleontológico en la nueva ley 25743", Suplemento de Derecho Ambiental, revista electrónica argentina ElDial.com, mayo de 2004.)
Al respecto, surge inocultable del acta de constatación de fs.165, que la altura del emprendimiento (módulo "c") supera el límite natural en 20 mts.(sic), y en tal caso reluce evidente su permanente afectación a los valores comprometidos y justamente ponderados por el judicante de grado.-
También, dicho extremo, ha sido evacuado negativamente por el EIA, aportado por la demandada, cuando expresara taxativamente que la elevación de la cota máxima del módulo "...que tienden a generar efectos adversos en el paisaje, en el uso turístico del paisaje, y en la percepción del riesgo". (sic), violándose el artículo 20º de la ley 25.916 que determina "no podrán establecerse dentro de áreas protegidas o sitios que contengan elementos significativos del patrimonio natural y cultural".-

VII. EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. SU PONDERACIÓN.EL COLAPSAMIENTO DEL PREDIO Y SU INUNDABILIDAD.-

VII.1.La demandada, sostiene la absurda consideración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), sosteniendo que sobre el CEAMSE, no existe otra autoridad competencial para su supervisión, ya que entiende que "...corresponde al CEAMSE el rol de autoridad en materia ambiental respecto de la actividad de disposición de residuos sólidos domiciliarios", y en tal caso se agravia de la consideración vertida por el "Iudex", cuando a su respecto determina que resulta exigible el Estudio de Impacto Ambiental, como derivación de la normativa nacional y provincial en la materia (ley 25.675, y 11.723), y agrega que, dicho estudio no satisface las condiciones exigidas por la normativa citada, en cuanto no se refiere al nuevo módulo, y no fue aprobado por la autoridad ambiental provincial (art. 18. in fine ley 25.916).-
Si bien es de hacer notar que, el marco del régimen provincial la ley 11.723, hubo establecido un principio de competencia primaria municipal en la gestión y disposición de los residuos domiciliarios, (art. 65) y exigido la implementación del estudio de impacto ambiental (art. 66), empero, corresponde advertir que dicho texto, ha sido vetado por el Poder Ejecutivo por el art. 3 del decreto 4371/95, no encontrándose la especie debatida en el anexo II de la ley 11.723 (art. 10º).-
No obstante, aún considerando la pérdida de eficacia del precepto aludido, no puede olvidarse que se yergue como un principio fundamental que la protección constitucional obliga a la Provincia a "controlar el impacto ambiental de todas las actividades que perjudiquen el ecosistema; promover acciones que eviten la contaminación del aire, agua y suelo, prohibir el ingreso en el territorio de residuos tóxicos o radioactivos, y garantizar el derecho a solicitar y recibir la adecuada información en la defensa del ambiente, de los recursos naturales y culturales". Debe, además, asegurar "políticas de conservación y recuperación de la calidad del agua, aire y suelo, compatible con la exigencia de mantener su integridad física..." (art. 28 Const. Prov. Bs. As.).-
Ello así, empero, también ha de reconocerse que, como lo sostuviera en el apartado Vº del presente voto, (-extremo al que me remito "brevitatis causae"-), concurren normativamente a la resolución de este pleito, normas de presupuesto mínimo del ambiente contenidas en la ley 25675, General del Ambiente, que incluye en su definición de "daño ambiental de incidencia colectiva" a toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas o los bienes o valores colectivos (art. 27) y que ordena que "toda obra o actividad que, en el territorio de la Nación, sea susceptible de degradar el ambiente, algunos de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población, en forma significativa, estará sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, previo a su ejecución" (art. 11).-
No resulta suficiente el estudio de impacto ambiental aportado por la demandada, en tanto el mismo no ha sido aprobado por autoridad competente (art. 10 ley 11.723 y 11º ley 25.675), ni contiene un control sobre el desarrollo de las actividades antrópicas (art. 10 ley 25.675) "teniendo en cuenta los aspectos políticos, físicos, sociales, tecnológicos, culturales, económicos, jurídicos y ecológicos de la realidad local, regional y nacional, deberá asegurar el uso ambientalmente adecuado de los recursos ambientales, posibilitar la máxima producción y utilización de los diferentes ecosistemas, garantizar la mínima degradación y desaprovechamiento y, promover la participación social en las decisiones fundamentales del desarrollo sustentable".-
También habré de reconocer, que el EIA, aportado por la demandada que luce glosado a fs. 179/529, y elaborado por la Universidad Nacional de La Plata, en abril de 2004, es evidente que no comprende la ponderación del funcionamiento del "módulo -d-" en cuestión, cuando en forma reiterada expone que dicha ampliación se encuentra ajena.-
Empero, aún soslayando dicho aserto, que con justicia pondera el "Iudex", me limitaré a destacar textualmente determinadas conclusiones, que en su contenido justifican la decisión en crisis, y que por resultar extremos probatorios aportados por la demandada, resultan incontrovertibles en autos.-
En efecto, a la luz del "Resumen Ejecutivo" de fs. 181/189, se expresó "...El movimiento de suelos generó impactos negativos de valor medio fundamentalmente sobre el suelo y el componente biológico en general. Dicha valoración se debió a que los impactos asociados a esta acción, aunque con una extensión muy puntual, tienen una alta probabilidad de ocurrencia, son sólo parcialmente reversibles o directamente irreversibles, y su duración es extendida o permanente (entre 3 o 10 años). Precisamente por ser parcialmente reversibles y/o irreversibles, es que esta acción será la que menos posibilidades tiene de ser modificada con el cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental" (-sic-, la negrita me pertenece).-
También el EIA, aportado por la propia demandada, expresó "...situación similar registró la acción "aumento de cota máxima del módulo", que prácticamente registró un valor de sumatoria por factores igual al asumido por movimientos de suelos, aunque en este caso los factores impactados se concentraron mayormente en el componente social, debido al incremento de visualización del relleno, y de las actividades asociadas, como por ejemplo, movimiento de vehículos, equipos, y maquinarias, tareas de disposición de residuos, distribución y compactación, que tienden a generar efectos adversos en el paisaje, en el uso turístico del paisaje, y en la percepción del riesgo". (-sic-, la negrita me pertenece).-
En cuanto a la generación de "lixiviados", el Estudio refleja que "...la generación de lixiviados, puede producir una serie de impactos sobre los componentes físicos (aguas superficiales y subterráneas), biológico y social (salud, saneamiento ambiental etc), deben considerarse como potenciales, dado que fueron evaluados con criterio de lo que ocurriría si la Planta no fuese ampliada.....", para después agregar que "...es posible que el volumen de lixiviados generados a partir de la ampliación no sea directamente proporcional al nuevo volumen provenientes de los partidos Berazategui y F. Varela, la Planta se encuentra en la actualidad con su capacidad colmada, por lo que su adecuación...es indispensable" (sic, la negrita me pertenece).-
Ahora bien, más allá de lo categórico del informe ambiental aportado por la demandada, lo que desabastece la impugnación en cuanto a su absurda valoración, ello así toda vez que se verifica una afectación concreta del medio ambiente, en cuanto al la remoción del "suelo", la afectación sin atenuantes de recursos "paisajísticos", y la determinación precisa de la saturación o colapsamiento del predio, cuando afirmara que "...la capacidad del predio se encuentra colmada". Extremo que el quejoso, intenta rebatir, reinstalando una afirmación, que la prueba por él aportada se encarga de desarticular; también existe una comprobada desatención en el tratamiento y generación de lixiviados, verificándose en este sentido que los mismos pueden producir una serie de impactos sobre los componentes físicos (aguas superficiales y subterráneas), biológico y social (salud, saneamiento ambiental etc), extremos que informan mi convicción, con lo hasta aquí expuesto, en la justicia de la decisión en crisis.-

VII.2. Sin perjuicio de lo expuesto, y a mayor abundamiento, no puede dejarse de considerar el informe proporcionado por la "Autoridad del Agua", en expediente nº 2436.3632/04 (fs. 78/106), en cuanto ha sido incorporado en autos, y la demandada tuvo pleno conocimiento de su contenido, aunque discrepa en cuanto a los criterios que como conclusiones se arrojan.-
Ello así no puede desconocerse que la Ley 12.257 (Código de Aguas), en su art. 88º (obras que alteren las condiciones del agua subterránea) preceptúa: "Quienes efectúen obras o explotaciones de cualquier tipo que puedan alterar la cantidad, calidad o dinámica del agua subterránea deberán solicitar el permiso respectivo a la Autoridad del Agua".-
En su art. 101º establece que: "La Autoridad del Agua podrá...imponer la remoción de obras e instalaciones e impedir acciones que atenten contra la preservación del agua y los cauces públicos o causen perjuicios al ambiente por alteración en el agua".-
El art. 102 preceptúa que dicha autoridad "podrá someter a su aprobación previa y al afianzamiento de los daños que pudieren ocasionar: ...b) La ejecución de proyectos de preservación, recuperación y ordenamiento del suelo, de bosques, del agua y de las cuencas en general...g) El tratamiento y disposición final de residuos".-
De este modo corresponde transcribir, en prieta síntesis, lo que la Autoridad del Agua sostuvo.-
En efecto se informa que con fecha 20.09.04 y 7.10.04, se realizaron la inspecciones correspondientes al Establecimiento CEAMSE de Ensenada, en las que se inspeccionaron y muestrearon los pozos de monitoreo existentes en el predio con profundidades que llegan al acuífero Pampeano como al Puelche.-
Al respecto, destaca que "...con respecto a la documentación técnica aportada por la empresa (CEAMSE), una vez evaluada la misma se consideró insuficiente, por lo que se solicitó ampliación. Puntualmente se requirió información complementaria de las perforaciones de monitoreo, cotas de las bocas de pozo, perfiles litoestratigráficos de los estudios realizados, resultados de los análisis fisicoquímicos existentes, diagramas de entubamiento de las perforaciones (planos conforme obra), datos que a la fecha aún no han sido entregados" (sic).-
En este sentido, ha de expresarse que el quejoso no hubo impugnado el informe, conforme el artículo 401 del CPCC, y tampoco agrega en su pieza recursiva extremos documentales o informativos que descalifique o controvierta dicho aserto, más allá de su simple negativa genérica.-
En el mencionado informe se concluyó en determinar que "...se tienen altos valores de Sólidos Disueltos Totales, Cloruros, Sulfatos y otros elementos que se relacionan en esta zona con una intensa influencia del agua del río. Influyen también factores geomorfológicos e hidrogeológicos, ya que presenta muy baja pendiente, una posición de la napa freática cercana a la superficie del terreno, bajos valores de escurrimiento tanto superficial como subterráneo con formación de bañados y cuerpos de agua superficiales" (sic).-
Finalmente concluye que: "...aparecen en estos análisis presencia de Plomo y Cadmio que no son elementos comunes en la zona ni en las formaciones acuíferas consideradas.." (sic).-
El impacto ambiental es el efecto que las actividades humanas ejercen sobre la estructura y función de los ecosistemas, sean estos naturales, o transformados por nuestra propia presencia (Bustamante Alsina, Jorge, "Prevención del daño ambiental (La auditoría del medio ambiente y la evaluación de impacto ambiental)", p. 2).-
La contundencia del informe proporcionado por la Autoridad del Agua, no puede dejar de ponderarse, aún en la controversia o desconocimiento genérico del demandado, ello así toda vez que reluce como un dato de inocultable importancia que en el terreno en que se emplaza el predio, se advierte, en forma objetiva que existe una "...posición de la napa freática cercana a la superficie...", y que existe en la zona "...formación de bañados y cuerpos de aguas superficiales".-
Lo expuesto, conforma la sentencia en crisis en cuanto al carácter inundable de los terrenos, y el eventual o posible contacto de los lixiviados con la napa freática.-
En ese entendimiento tampoco resulta menor el aserto concerniente a la presencia de plomo y cadmio en las muestras extraídas de los pozos de monitoreo del predio, en tanto tampoco el quejoso hubo de aportar otras pruebas o informes que lo desnaturalice.-
Es de hacer notar que el "plomo" ha sido también el causante de innumerables casos de intoxicación, un fenómeno conocido con el nombre de "saturnismo" (Cattoggio, José A., "Impacto ambiental y sus consecuencias: patología del ambiente", Sección III La perspectiva ecológica, "Elementos de política ambiental", ps. 291 y 292.).-
También el "cadmio" es otro de los importantes tóxicos de origen mineral, teniendo en cuenta sus efectos en muy bajas concentraciones, y dada su abundancia relativa en concentraciones tóxicas. Acompaña siempre al zinc como impureza, y se lo utiliza en baterías alcalinas recargables (a base de níquel-cadmio), aleaciones "blandas", recubrimientos metálicos de aleaciones ferrosas, como sales solubles o complejos halogenados en técnicas de huecograbado, y como sales insolubles (sulfuros, seleniuros) en pigmentos tanto de pinturas como de esmaltes (Cattoggio, José A., op. cit).-
Lo expuesto resulta sin perjuicio de reconocer que, aún cuando el agua de las napas no resulte "idónea" para el consumo, -como alega la quejosa-, no lo considero un argumento que resista un análisis de criterio elemental, que de dicho extremo se siga y se reconozca, el derecho de la demandada a contaminar, los espejos de agua subterránea, con prescindencia del consumo humano (ley 12.257 Código de Agua).-

VII.3. Por lo demás y analizando el criterio ponderativo del estudio de impacto ambiental (EIA), por el magistrado "A quo", ha de recordarse que los criterios de apreciación de la prueba, se muestran congruentes con las pautas discernidas por el artículo 384 del CPCC (art. 20 ley 7166), en tanto ponderando la temática en estudio, bajo el criterio de "la sana crítica", se advierte un razonamiento ajustado a los principios de hermenéusis exhibidos como el conjunto de reglas de criterio que, apoyadas en el buen sentido, la lógica, experiencia y conciencia de los jueces, permiten discernir lo verdadero de lo falso y se ejerce buscando la certeza moral acerca de lo controvertido, basándose en principios y deducciones lógicas.-
En este sentido, ahora ponderando el impacto sociológico que contiene el EIA, el juzgador no puede soslayar la proximidad del emprendimiento con la vida humana circundante (1 km.) donde centenares de personas y núcleos familiares que viven próximo al predio de disposición final de residuos junto a la basura, en situación degradante, y que ante la desatención del Estado, no hacen más que cumplir precaria y de manera inadecuada la tarea de recuperación de desperdicios. En suma, no es posible por lo tanto, pensar en soluciones aplicables a cualquier contexto de manera indiferenciada.-
No puede soslayarse tampoco, que el impacto ambiental, en el presente, se corresponde con el deber que tiene la entidad que procede disponer finalmente los residuos domiciliarios, de efectuarlo mediante métodos apropiados que prevengan y minimicen los posibles impactos negativos sobre el ambiente y la calidad de vida de la población.-
Por lo demás, propiciar el funcionamiento aunque temporario del nuevo módulo, a más de perpetuarse o consolidarse en los hechos, sin aportar estudios fehacientes de su inocuo tratamiento y compatibilidad con el medio circundante, no podría autorizarse sin un casi notorio deteriorio del entorno o severas molestias en la calidad de vida del vecindario. En este sentido, como sostuvo la SCBA, causa B. 64.464, s. 31.II.04, "...que tales consecuencias deban ser obligadamente soportadas por los habitantes de la zona de influencia, cualesquiera sean sus impactos, no resulta una solución acorde con las reglas que informan la gestión urbana (cfr. arts. 41, seg. párr., C.N.; 28, Const. Pcial.; 4, 8, inc. 2, 11 a 13 y concs., ley 25.675).-
Por último también corresponde rechazar el agravio del recurrente tendiente a demostrar la ausencia de "ampliación" del predio, ello así toda vez que el EIA, por él aportado expresamente deja a salvo "el proyecto de ampliación" (sic conf. fs. 185.), y es precisamente el "emplazamiento", del nuevo módulo que produce la afectación del entorno ambiental, extremo que con justicia tutela la sentencia recurrida.-
En razón de lo expuesto, estimo que la sentencia en crisis, muestra una razonable ponderación de las probanzas aportadas en autos, en recta inteligencia, con el remedio rápido y expedito de la acción intentada, y los bienes jurídicos tutelados en autos.-

VIII. LOS AGRAVIOS RELATIVOS A LA INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 4º DEL DECRETO LEY 9111/78.-

El texto dice: La disposición final de los residuos mediante el sistema de relleno sanitario se efectuará únicamente por intermedio de "Cinturón Ecológico Area Metropolitana Sociedad del Estado" - (C.E.A.M.S.E.), y a medida que dicha Sociedad del Estado se encuentre en condiciones de recibir todo o parte de los residuos originados en el territorio de los Partidos involucrados y en lugares especialmente habilitados a tal fin, dentro de una distancia máxima de veinte (20) kilómetros fuera de los límites del Partido en el cual fueran aquéllos recolectados. Cuando la precitada empresa comunique a los respectivos municipios la habilitación de terrenos para el rellenamiento sanitario de los residuos, en las condiciones establecidas en el párrafo anterior, aquéllos deberán obligatoriamente arrojar en los predios habilitados por "C.E.A.M.S.E." toda la basura que se recolecte en los mismos.-
En tal sentido, habrá pues de determinarse si los límites de los Partidos de Florencio Varela y Berazategui se encuentran comprendidos dentro del límite máximo allí establecido, con relación al CDF de Ensenada, y en tal caso si la misma debe ser medida en forma lineal (desde el límite del Partido generador hasta los terrenos de la CEAMSE), o se refiere a la distancia existente por rutas.-
Una recta interpretación de la norma debe armonizarse con los principios establecidos en la Ley General de "Gestión de Residuos Domiciliarios", y en tal entendimiento el artículo 3º determina que "...Se denomina gestión integral de residuos domiciliarios al conjunto de actividades interdependientes y complementarias entre sí, que conforman un proceso de acciones para el manejo de residuos domiciliarios, con el objeto de proteger el ambiente y la calidad de vida de la población.-
La gestión integral de residuos domiciliarios comprende las siguientes etapas: generación, disposición inicial, recolección, transferencia, transporte, tratamiento y disposición final.-
Bajo esta óptica, reluce absurdo considerar la distancia entre partidos, con el trazado de una línea recta imaginaria entre ellos, y en tal sentido, estimo razonable el temperamento adoptado por el magistrado de grado, debiéndose considerar, al respecto, la distancia en kilómetros que se debe recorrer por las rutas dispuestas a tal efecto.-
En este sentido, tampoco visualizo acertado el criterio que aduce el quejoso, ello máxime que la disposición de los residuos derivados de los partidos de Berazategui y Florencia Varela requieren una ampliación funcional del predio, y por lo demás, la distancia medida en kilómetros desde un partido a otro, sólo puede referenciarse, oficialmente a través de la Dirección Provincial de Vialidad, que cuenta con un "abaco" de distancias, que se puede consultar en la página pertinente (www.vialidad.gba.gov.ar/utilidades/abaco_index.htm), lo que desvanece el argumento tendiente a descalificar la decisión de grado, aduciendo que el temperamento quedaría librado al "criterio del camión recolector".-
En este apartado estimo que el agravio tampoco puede tener andamiento.-

IX. LA FUNCION JURISDICCIONAL. EL CONTROL JUDICIAL.-

IX.1. Analizando la decisión judicial debo anticipar que la misma se muestra razonable con los preceptos normativos que la fundamentan, y con las constancias colectadas en autos, bajo las particularidades propias de la acción de amparo ambiental (art. 43º de la Constitución Nacional, 28 de la Const. Pcial).-
El amplio libelo recursivo no hace más que demostrar una entelequia argumental que discrepa conceptualmente con el temperamento del magistrado "a quo", empero ha de recordarse que es criterio de la SCBA que es requisito ineludible de una adecuada fundamentación, la impugnación concreta, directa y eficaz a las motivaciones esenciales que contiene el pronunciamiento objetado; tarea que no se cumple cuando el recurrente se limita a exhibir su discrepancia con el criterio del sentenciante (Conf. SCBA, Ac. 58.045, sent. del 20VIII1996, "D.J.B.A.", 151224, Ac. 56.662, sent. del 12VIII1997; Ac. 58.116, sent. del 10III1998; Ac. 69.257, sent. del 15XII1999; Ac. 70.490, sent. del 22XI2000; Ac. 70.491, sent. del 22XI2000).-

IX. 2. Por lo demás, la interpretación sistemática de los principios y garantías constitucionales consagrados en los arts. 15, 20 inc. 2, 28, 57, Const. Prov. Bs. As., y arts. 28, 33, 41, 43, 75 inc. 22, CN., permiten, en mi opinión, sostener que no hay acto administrativo alguno que pueda quedar al margen del control judicial, por la sencilla razón de que ningún ciudadano, afectado por una actuación administrativa, puede verse privado de la tutela judicial, lo que obviamente no le garantiza una estimación de sus pretensiones, sino sencillamente una respuesta fundada en Derecho por parte del órgano jurisdiccional (ver Morello, Augusto Mario, "Justicia continua y efectiva para la Provincia de Buenos Aires -el art. 15 de la Constitución Reformada en 1994-" en ED del 27/2/1997; Hitters, Juan Carlos, "Jurisdicción constitucional -panorama constitucional-" en LL del 7/10/1996; respecto de la supremacía constitucional y la división de poderes, véase Bidart Campos, Germán J., "La interpretación y el control constitucionales en la jurisdicción constitucional", 1987, Ed. Ediar, p. 55, y del mismo autor "El Derecho de la Constitución y su fuerza normativa", 1995, Ed. Ediar; Sagüés, Néstor Pedro, "La fuerza normativa de la Constitución y la actividad jurisdiccional", en ED del 6/1/1996).-
Es claro que, el juez no administra ni legisla, en la especie se advierte que el magistrado hubo de formular una interpretación armónica del orden jurídico existente y sólo excepcionalmente tiene amplias facultades para explicitar el derecho en el caso concreto. (POUND, R., Introduction to the philosophy of law, Yale University Press, New Haven, 1972, Cap. III; del mismo autor, The spirit of the common law, Marshall Jones Company, Boston, 1921, ps. 18 y ss.).-
El Poder Judicial como intérprete final del orden jurídico debe custodiar más intensamente el equilibrio de pesos y contrapesos que conciernen a la división de poderes, sin excesos de control que comporten un abuso de la jurisdicción, pero tampoco una débil, temerosa o reducida fiscalización de los actos estatales, porque no sólo se desmorona la tutela de los derechos y garantías de los ciudadanos sino la esencia del Estado de Derecho.(Sesín, Domingo Juan, "Administración Pública, Actividad Reglada Discrecional y Técnica. Lexis Nexis 2004.
En presente caso, el magistrado no puede escindirse del marco pretensional incoado, de los bienes jurídicos tutelados, de las constancias de la causa, de la exigua actividad probatoria de parte de la demandada, carga ésta que pesa sobre el que efectúa la actividad potencialmente nociva (art.41º de la Const. Nacional).-
En todo caso, el proceso no sólo se instrumenta como un medio para resolver contiendas y asegurar la paz social. La judicatura integra uno de los tres poderes del Estado, igual a los demás, que no puede desentenderse de la organización política y jurídica: afianzar la justicia y promover el bienestar general en términos del preámbulo constitucional. Desde esta perspectiva cuando el Poder Judicial asegura la vigencia del derecho objetivo, en la interpretación que se propugna, cuida también un aspecto esencial del Estado: la calidad de vida de sus habitantes (Ver Bidart Campos, Germán J., "Por un derecho para el bienestar de la persona", ps. 11/l7, "La sociedad y el Estado en el umbral del siglo XXI", Ed. Ad-Hoc, Arturo Pellet Lastra y Luis Pablo Slavin, coordinadores, 1997).-
No se trata de identificar el derecho y la garantía, porque desde hace tiempo se ha independizado la una de la otra, pero admitir la autonomía de cada uno no equivale a incomunicarlos (Bidart Campos, "Las transformaciones constitucionales en la postmodernidad", Capítulo Las garantías constitucionales de los derechos fundamentales, Ed. Ediar, 1999, p. 201.), y mucho menos a negar que la garantía como acción es el medio para la defensa de los derechos, para la defensa de su papel garantista. Por algo en la actualidad se insiste en reivindicar el ya citado derecho a la jurisdicción, la administración de justicia, la defensa de la legalidad constitucional como bien colectivo, la vigencia de su supremacía, por algo el amparo colectivo se revela como una herramienta útil en lo atinente a la protección del ambiente, y la legitimación ampliada constituye un importante punto de inflexión y una renovada esperanza en la tutela judicial continua y efectiva consagrada en el artículo 15 de la Constitución Provincial (Véase a ese respecto Morello, Augusto M., "La tutela de los intereses difusos en el derecho argentino", 1999, Librería Editora Platense. Del mismo autor: "Constitución y proceso, La nueva edad de las garantías jurisdiccionales", 1998, cap. 13, Ed. LEP, y "Justicia continua y efectiva para la Provincia de Buenos Aires. El art. 15 de la Constitución reformada en 1994", ED del 27/12/1997; Hitters, Juan C., "Jurisdicción constitucional. Panorama constitucional", LL del 7/10/1996; Carnotta, Walter, "Nuevas dimensiones de los procesos constitucionales: el amparo colectivo", en "El derecho constitucional del siglo XXI", Ed. Ediar, ob. cit, p. 405 y ss.-
Así lo la CSJN, ha reconocido el rol tutelar y preventivo del juez en materia ambiental, cuando en la causa Nº M 1569 XL expresara que "...La mejora o degradación del ambiente beneficia o perjudica a toda la población, porque es un bien que pertenece a la esfera social y transindividual, y de allí deriva la particular energía con que los jueces deben actuar para hacer efectivos estos mandatos constitucionales (CSJN 20.6.06 M. 1569. XL. Autos: Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza - Riachuelo).-

X. LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA. SU RAZONABILIDAD. EL CUMPLIMIENTO DE LA MISMA.-

Al respecto estimo que no cuadra otra solución, que se corresponda con el derrotero impreso a mi voto, que el de prohibir la disposición de residuos en el citado predio -módulo "d", ello fundado en la aplicación directa y tutelar que en materia ambiental reclama con carácter preventivo la vigencia de los derechos potencial o inminentemente conculcados (art. 41º, 43º, 75 inc. 22 de la Const. Nacional; arts. 20º inc. 2 y 28 de la Const. Pcial.; 4, 8, inc. 2, 11 a 13 y concs., ley 25.675, arts. 1, 2, 3, 4, 13, 20, 21, 35, ley 25.916), para lo que considero que los plazos allí contenidos no resultarán de difícil cumplimiento, ello así toda vez que la propia legislación constitutiva del CEAMSE, (decreto ley 9111/78), impone la obligación a las municipalidades de enviar los residuos domiciliarios al CEAMSE en la "... medida que dicha Sociedad del Estado se encuentre en condiciones de recibir todo o parte de los residuos originados en el territorio de los Partidos involucrados" (art. 4º decreto ley cit).-
Empero, habiéndose certificado el colapsamiento de la capacidad del predio (ver EIA, fs. 188), y de no arbitrar el CEAMSE la puesta en marcha, dentro de su deber de planificación estratégica en la materia, de otro centro que reúna las condiciones ambientales de la normativa en vigor, renacerá en cabeza de los municipios involucrados, la posibilidad de destinar y tratar sus propios residuos en correspondencia con la legislación local y nacional citada en el presente, que en modo alguno significará el regreso a los "basurales a cielo abierto".-
Así corresponde reconocerse, en la medida que el CEAMSE no brinde soluciones compatibles con el medio ambiente circundante, en tanto renacerá por ministerio legis (art. 4º ley 9111/78), el derecho de las comunas de tratar, clasificar, y disponer sus propios residuos, ello así como lo afirmara el Poder Ejecutivo Provincial en los considerandos del decreto nº 90/03 (BO. 20/2/2003), cuando reconociera la competencia municipal que al respecto deriva de "...la Ley Orgánica de las Municipalidades (decreto ley 6769/1958), que al referirse a los servicios públicos municipales, preceptúa que será facultad de las comunas el barrido y limpieza, siempre que su ejecución no se encuentre a cargo de la provincia, reconociendo atribuciones provinciales impuestas por normas constitucionales como acontece con el referido art. 28 de la Carta Magna local.-
En tal sentido, y atento el tiempo transcurrido, propicio prorrogar los plazos contenidos en los puntos 1º y 2º del decisorio en crisis, disponiendo la clausura del módulo "d" del CDF de residuos sólidos urbanos, a partir del 31 de diciembre de 2006 con la prohibición de recibir residuos a partir de dicha fecha; y prohibir, a partir del 30 de setiembre del 2006, el ingreso en el citado CDF, residuos generados en los partidos que se encuentren a una distancia superior a 20 km conforme las distancias previstas por la Dirección Provincial de Vialidad en el ábaco dispuesto a tales fines.-

XI. Por los argumentos y razones expuestas "supra" a la cuestión planteada voto por la afirmativa.-

A la primera cuestión planteada, el Dr. De Santis dijo:

1. En acuerdo con el voto que me precede, en lo concerniente a la admisibilidad del recurso de apelación articulado por la demandada, pasaré a tratar la primera cuestión.-
Con ese rumbo, adelanto mi discrepancia con los fundamentos y solución que propone el colega de primer turno.-
A ese respecto, limitaré mi ponderación a los elementos aportados a la causa que considero relevantes para elucidar la controversia que propone.-
En ese orden, no obstante dejar a salvo mi criterio personal favorable, comenzaré por marginar el aspecto relativo a la legitimación de la parte actora pues, no ha sido incluido como tópico de agravio por el recurrente, ni exhibe en alzada aristas de contradictoria interpretación.-
Tengo para mí, en la exégesis del artículo 43 de la Constitución Nacional, una amplia legitimación que, incluso, desborda a las asociaciones que propendan en sus fines a la protección del ambiente, para alcanzar, a "cualquier afectado" en procura de una respuesta tutelar frente a acciones lesivas a su interés concurrente.-
La titularidad indiferenciada y la afectación común, que distinguen a las situaciones de incidencia colectiva de otras con notas de exclusividad, modelan una habilitación adjetiva sin cortapisas, a favor de toda persona que invoque una disfunción ambiental siempre que, sus alcances y consecuencias indeterminadas ofrezcan un daño susceptible de particularizarse en ella, como miembro de la colectividad afectada (en ese sentido mi voto en causa "Rodoni y Ots.", CCALP Nº 1085, sent. del 15.11.05, y "Gutiérrez" CCALP Nº 2284, sent. del 27.12.05, entre otras).-
Cuanto más, si esa misma conclusión es puesta en la organización asociacional a quien la letra constitucional reconoce legitimación expresa (art. 43 CN). Tal y como ocurre en este proceso.-
Circunscripta pues, la contienda, al amparo colectivo del mencionado precepto constitucional, cuya extensión, sin perjuicio de su juicio de procedencia, podría comprender a las circunstancias de hecho en las que las demandantes intentan sostener su pretensión, cabe asignar al curso procesal el carácter excepcional con que el texto constitucional lo perfila.-
Ello así, sin perjuicio del acceso jurisdiccional que, para la materia, aporta la ley provincial número 11.723 (art. 28 CPBA) en cuanto, su capítulo IV deslinda las acciones que, para los casos del artículo 34 ó para los de su artículo 36, regula de ordinario a través del carril sumarísimo y con la amplitud probatoria que contempla (conf. art. 37 ley cit.).-
Esto último, sin idéntica recepción en el proceso seguido en la causa, por aplicación directa de las reglas de aquél remedio de excepción. Y, ello así, conforme fuera la elección del a-quo, quien supo sujetar el acceso a su materia al restringido contorno del artículo 20 inciso 2 de la Constitución de la Provincia (ley 7166), en armonía con el propósito que trasunta el escrito inicial (fs. 134 y sigs. y despacho de fs. 149/150).-
No obstante, también me apartaré de este singular sesgo, para situarme en un encuadre adjetivo de los hechos que me permita ponderar en su magnitud la inclusión legal que me merezcan.-

3. Tampoco valoro conducente, a la solución del caso, la discusión, ampliamente ventilada, relativa a la aplicación del régimen nacional (leyes 25.916 y 25.675) pues, como lo dejaré sentado, el carácter concurrente que encuentro en el ejercicio de esas atribuciones estatales, con arreglo al artículo 41 de la Constitución Nacional y su equilibrio con el artículo 28 de la de ésta Provincia, me convence de la suficiencia del sistema local para su solución. Pues, lo exhibe dentro de las prescripciones complementarias reservadas, las que no exteriorizan contradicción con el modelo federal, al menos para el desenlace que propiciaré.-
En ese mismo círculo de apreciación visualizo el planteo de la naturaleza jurídica del ente demandado.-
En efecto, más allá de su importancia para la ocasión de juzgar la procedencia de los mecanismos regulares de la ley 11.723 (capítulo IV, arts. 34 ó 36) y, en todo caso, la derivación hacia la acción sumarísima del artículo 321 inciso 1 del Código Procesal Civil y Comercial, cuando la contraparte no se trate de alguno de los cuadros de la administración pública provincial, su incidencia no deviene determinante (conf. causa "Gutiérrez" CCALP nº 2284, res. del 27.12.05 cit.).-
Y, ello así, en tanto, como habré de apreciar, es la aptitud ambiental de la pretendida extensión de la actividad de disposición final de residuos sólidos, en el predio afectado a ese fin, la que constituye fuente excluyente de resolución del conflicto suscitado.-
Finalmente, el principio "iuria novit curia", mientras no influya en sustitución de la actividad de las partes, es el que juega a favor de la hermenéutica que habré de desarrollar (cfr. causa CCALP Nº 2403, "Sociedad de Fomento Cariló", res. del 29.11.05).-
Sin perjuicio, también ha sido motivo de consideración, por este Tribunal, la naturaleza jurídica de CEAMSE, en pronunciamiento al que remito (conf. mi voto en causa CCALP nº 670, "Municipalidad de Ensenada", res. del 28.12.04).
En él sostuve que, el tipo societario de la ley 20.705, que adopta la sociedad demandada para proveerse de organización jurídica y enmarcar su relación con los socios y con terceros, desaloja todo carácter interjurisdiccional o intrafederal en su naturaleza típica.-
También dije que, el perfil institucional de sus socios no se transfiere al nuevo sujeto, quien adquiere condición singular y propia a partir de las normas que definen el tipo societario elegido (ley 20.705).-
El carácter de sociedad, dada su conformación adecuada al tipo que prevé la norma complementaria de la ley 19.550 (ley 20.705), la impregna de un perfil jurídico extraño a toda connotación de derecho público.-
Sentado ello, más allá que la consecución de su objeto social, en tanto sujeto de derecho singular, pueda poner en juego otras normas de índole pública local, que son las que, precisamente, caen bajo la órbita del litigio promovido a la luz de la exégesis que he adelantado.-
Tampoco resulta ésta, una cuestión definitoria.-
Delimitados estos preliminares márgenes, que anticipan discordancias de fondo con el tratamiento que le confiere el colega que me precede en voto a la cuestión en debate, ingresaré al que juzgo como su núcleo excluyente, para habilitar el control judicial que procuran las demandantes.-
Me encamino así a la valoración de la sentencia desde el ángulo que termino por definir.-

4. El detalle del resultado que procura la parte actora con su acción, revela una materia controvertida trazada en la ampliación del centro de disposición final que CEAMSE posee en Ensenada, consistente en la apertura de nuevos módulos o unidades de disposición adyacentes a los existentes; innovación ésta a la que se opone judicialmente.-
El cuadro litigioso, bien reseñado en los antecedentes que preceden a las cuestiones propuestas por el Tribunal, se completa con el cese del ingreso de residuos provenientes de otros distritos, no previstos en el diseño original, y ubicados a más de 20km del emplazamiento existente en Ensenada.-
La adopción de medidas de prevención y mitigación para evitar la potencial contaminación, y la incorporación de mecanismos de control de ingreso de residuos no permitidos, cierra el cuadro del reclamo.-
Analizaré el primer aspecto.-
a. A partir del considerando noveno, el juez de la causa dedica su relación lógica a demostrar la ausencia de estudio de impacto ambiental, y su necesidad, para sostener la ampliación que cuestionan las entidades amparistas.-
Me detendré en este tópico, no sin antes señalar que, ese evento hipotético remite por toda respuesta a la rigurosa pauta del artículo 23 de la ley 11.723 que no contempla la solución que, sin embargo, adopta el decisorio apelado.-
La inexistencia de declaración de impacto ambiental previa, y extendida en sujeción al artículo 20 y sus concordantes de la ley 11.723, sólo autoriza la suspensión de la ejecución del proyecto, siempre que este se halle comprendido en las exigencias del sistema legal.-
No admite pues, extensiones diferentes.-
Esa misma solución, sobre la que esta Cámara ha tenido oportunidad de expedirse en la causa antes citada (cfr. causa Nº 2403 "Sociedad de Fomento Cariló", res. del 29.11.05), impregna las posibilidades de todo pronunciamiento que provenga de esa fuente de facto y cualquiera sea el cauce procesal en el que sobrevenga.-
De allí, cabe seguir en el error de juzgamiento que entraña el pronunciamiento en queja. Este, no obstante situarse en el presupuesto normativo, informa un contenido desajustado a la consecuencia impuesta por el texto legal, cuyas variantes de aplicación, si las hubiera, nunca podrían comprender la clausura definitiva del proyecto u obra de que se trate.-
Sin embargo, a esa incorrecta inferencia desabastecida de fundamento, arriba el juez a-quo, sin reparar en que, el marco de posibilidades decisorias queda delimitado por la consecuencia legal (conf. art. 23 ley 11.723).-
El notorio exceso que evidencia la clausura del módulo "d", en correspondencia con la ampliación objetada, descalifica la sentencia de autos y la hace susceptible de ser revocada (parte 1 resolución).-
A mayor abundamiento es menester destacar que, la tesis de la parte reclamante, hecha suya por el juez de la causa, en dirección a la exigencia de aquélla declaración de impacto ambiental, tampoco ofrece aristas de inmediata comprobación que justifiquen un pronunciamiento de condena dentro del limitado cauce que aporta el amparo tramitado.-
Por el contrario, la controversia abierta exige discurrir acerca de la fecha de vigencia del recaudo legal y su aplicación a un emprendimiento existente, de data muy anterior. Y, en todo caso, a la necesidad de encontrar, en la ampliación que es motivo de censura, el encuadre que reclama el artículo 10, siguientes y concordantes de la ley 11.723.-
Mi respuesta negativa a esos ítems augura un antagonismo conceptual por el que también transito para desautorizar la sentencia en recurso.-
El decreto ley 9111/78, fuente primigenia de la sociedad del estado demandada, estableció el sistema de relleno sanitario para la disposición final de los residuos domiciliarios provenientes de los Partidos de la Provincia comprendidos en sus disposiciones (arts. 1, 2, 3 y 4).-
Con ese fin se constituyó la accionada, a quien la ley le adjudicó el rol de prestador exclusivo de una actividad con contornos inequívocos de servicio público.-
A su vez, en ese marco (art. 4 dec. ley cit.), es a CEAMSE a quien compete la habilitación de los terrenos de relleno sanitario, sin que las comunas incluidas tengan alternativa frente a la obligatoriedad de vertido, una vez cumplida y comunicada esa condición de habilitación (conf. causa "Coordinación Ecológica Area Metropolitana" CCALP Nº 752, res. del 25.1.05).-
Así las cosas, el proyecto diseñado por el decreto ley 9111/78, en lo concerniente a la planta de destino final de desperdicios domiciliarios en la localidad de Ensenada, tuvo ejecución mucho antes de la sanción de todo el marco normativo hoy vigente en materia ambiental. Mal puede exigírsele adecuación actual.-
Ahora bien, no escapa a mi conocimiento que, en el intento de la parte actora, subyace el propósito por incluir dentro de las prescripciones de la ley 11.723 y demás legislación que arrima, a la que llama, ampliación de módulo; como si se tratara de un nuevo proyecto u obra.-
Ese mismo entendimiento se infiere de la sentencia apelada.-
Para lograr congruencia pues, con la lógica que sostiene la conclusión precedente se hace menester, con las constancias de la causa, el análisis de ese punto.-
Tengo para mí que, el argumento se desbarata si se repara en que, el tratamiento final para los vertidos sólidos domiciliarios reconoce, en cada unidad de disposición, un solo proyecto de ejecución encadenada. Vale decir, condicionado a la culminación de los sucesivos procesos de relleno que, en cuanto progresan, justifican el uso de nuevos espacios con idéntico fin.-
Claro está que, esos nuevos espacios, mientras se los ubique dentro del mismo predio, no ofrecen otra novedad que la de preparación del suelo a fin de receptar los residuos con los que se efectúe la carga.-
Así pues, su uso no supone un nuevo proyecto, una nueva obra, ni una situación que innove respecto del previsto para toda la planta de disposición, en cuanto lo comprenda de origen.-
De suyo, puede entenderse la queja del apelante, cuando advierte acerca de la imposibilidad, en los hechos, de seguir recibiendo los desechos domiciliarios, aún con procedencia de distritos cercanos (no más de 20km), o del mismo Partido de Ensenada. Inferencia ésta que toma de la sentencia apelada.-
Fácil resulta apreciar que, siendo el proyecto, en su conjunto original, de ejecución progresiva, el agotamiento de un módulo se erija en condición de paso al siguiente, sin que ello implique modificación ni alteración novedosa que justifique una nueva intervención ambiental, desde el certificado de aptitud que se le requiere a CEAMSE.-
Sostengo el fundamento en las constancias de la causa que revelan esas circunstancias, expuestas en los informes ambientales, no obstante producidos, aunque sin sujeción al artículo 20 de la ley 11.723, y a los propios dichos de las partes no contradichos. Agrego, la notoriedad de la técnica que, como tal, no requiere de demostración puntual.-
La sentencia se presenta, así, carente de sostén.-
Su consecuencia práctica no es otra que el cierre definitivo del terreno afectado a relleno pues, cubierto para todo desperdicio el margen de recepción de los módulos saturados y, cerrada la posibilidad de apertura del siguiente, la conclusión es simple, a saber.-
CEAMSE no podrá utilizar la superficie restante del predio. Así, no podrá continuar en el proyecto, existente desde larga data.-
No se trata, la especie traída, de una nueva situación que, por sí misma impacte en el ambiente, ni requiera para su continuidad de una nueva declaración a obtener con arreglo a las normas citadas.-
De esa forma, en sujeción al cúmulo de argumentos desarrollados, valoro el desajuste del decisorio recurrido, también en este punto.-
b. Podrá comprenderse que, el segundo aspecto del pronunciamiento, relativo a la prohibición de ingreso de residuos generados en Partidos con distancia superior a la prevista por el artículo 4 del decreto ley 9111/78, resulte comprendido en las salvedades expuestas en el apartado anterior.-
Y, ello así, por cuanto, conforme ha quedado dicho, no importa el origen de los residuos para progresar en los módulos de relleno, sino, antes bien, su condición de posibilidad es la capacidad agotada de los existentes dentro de la misma superficie afectada. Con lo cual, ni con la limitación del párrafo segundo de la parte resolutiva podrá evitarse la utilización del módulo "d", que se ocupa en cerrar el juez de la causa, a partir del 30.10.06.-
Dicho de otro modo, de manera indirecta, se cierra la planta.-
No obstante y a mayor consideración señalo que, este mismo semblante ha sido tratado y decidido por esta Cámara en uno de los citados precedentes (CCALP Nº 752 cit.). En él, tramitó una cuestión similar, aunque con menores alcances.-
Allí se dijo que, la oposición al vertido de residuos provenientes de otros partidos del conurbano, sin que se aleguen circunstancias que dejen ver la distinta calidad de otros que también se reciben y sobre los que no media litigio alguno, no autoriza una conclusión de impacto ambiental diferencial a su respecto.-
También se sostuvo la imposibilidad de extraer otra consecuencia que no sea la del menor tiempo de utilización de la superficie de relleno, en proporción a la mayor cantidad de residuos a tratar.-
Esos mismos argumentos vienen en molde para resolver el diferendo traído a esta alzada, en este caso. Y, son bastante para desestimar, sin otra consideración, el planteo de las reclamantes receptado por el juez de grado.-
El cuadro de análisis que propone el fallo recurrido, como los agravios del apelante, en cuanto conducentes, queda completo, e idóneamente abastecido mi juicio desfavorable a un pronunciamiento que se exhibe fuera de todo parámetro.-
c. Todo lo tratado hasta aquí pone de relieve que, ninguna de las circunstancias aportadas a la causa manifiestan, en sí mismas, la presencia de un daño ambiental o una incidencia distinta a la que ha ocasionado, desde su origen, el predio afectado a relleno sanitario en la comuna de Ensenada.-
No son suficientes las conjeturas de proyección para el módulo "d", que exponen las entidades amparistas, ni es dable colegir que la procedencia de los residuos de otros distritos lejanos pueda provocar un efecto distinto.-
Tampoco existen pruebas contundentes que acrediten la presencia actual de un deterioro en el medio, lesivo al interés de los ciudadanos del distrito, que justifique una medida protectiva o de remediación. Mucho menos con los alcances que arrima la sentencia apelada.-
Es necesario que, en el derrotero jurisdiccional que ha propuesto la parte actora, se invoquen las razones concretas de perjuicio colectivo, con nexo causal en el vertido de residuos para relleno sanitario.-
En esa dirección, no bastan las alternativas potenciales sin precisión singular. Menos, la hipótesis de empeoramiento que blande, con el único argumento de la ampliación del módulo que, como he dicho, per se, no permite inferir daño actual.-
Ciertamente, ese especial perfil controversial remite por fuerza a canales regulares de debate y prueba que el curso impreso a la causa ha impedido.-
No se tratan, los hechos alegados, de infracciones palmarias de grosera evidencia que escapen a lo opinable, ni a la necesidad de un complejo probatorio que es impropio para el carril elegido.-
Todo lo referido, sin que obste al estricto cumplimiento, para la actividad que preocupa a los vecinos demandantes, de las normas y técnicas de preservación ambiental, cuya inobservancia, que no alcanzó a demostrarse, de ocurrir, con seguridad, podrá justificar una nueva intervención jurisdiccional protectiva o remediadora, en su caso.-
No obstante, sigue siendo ésta una cuestión ajena al núcleo decisorio, en el que confluye un informe del que no puede deducirse la presencia de aquéllos extremos de acreditación.-
En efecto, de su resumen ejecutivo, glosado a fojas 181/189, en particular referencia a la ampliación de la capacidad de recepción que es objeto de reproche en los autos, surge la ausencia, en la actividad de relleno, de impactos significativos sobre los componentes agua, suelo y tierra (fs. 182).-
Del mismo modo, se afirma la falta de identificación de incidencias negativas altas, comprendiendo el 69% de las registradas a bajos valores y el 31% restante a valores medios de impacto.-
De ellos, se señala como más significativo el concerniente al aspecto social, o de percepción de riesgo (ver fs. 186 y sigs.).-
Para el tratamiento de lixiviados y pese a la trascendencia que se le acuerda, el informe producido, a fojas 188, deja ver la posibilidad de su neutralización durante la ejecución del proyecto de ampliación.-
Tampoco la evaluación de la calidad del aire arroja un resultado de compromiso inequívoco. El muestreo realizado, a contrario, no presenta evidencia de riesgo grave ni de su inminencia, ni parece dañar a la continuidad proyectada ( ver fs. 182).-
En suma, en concordancia con la determinación conclusiva de fojas 189, puede afirmarse que, hasta ahora, el emprendimiento sujeto a evaluación y monitoreo, desde lo producido en la causa, no refleja un daño ambiental susceptible de enervar su ejecución, en tanto, de los lineamientos aconsejados no se advierte un rumbo que complique, a punto definitivo, la prestación a cargo de CEAMSE, aún en la fase del nuevo módulo de relleno.-
De más está decir que, respecto de los residuos a tratar, no se aporta referencia relativa a la discriminación por procedencia.-
A cambio, el aumento en la cantidad de recepción, que ello implica, presupuesta la evaluación de su impacto, con el resultado expuesto en el informe confeccionado a ese mismo efecto.-
A ese respecto, no aprecio aporte de prueba concordante, eficaz y susceptible de ponderación, que lo contradiga.-
La suerte del pleito queda así reservada a una solución desestimatoria de la demanda impetrada, y, por lo tanto, a la revocación del fallo apelado, en tanto, el error in iudicando que exterioriza su contenido, así lo fuerza.-
Por todo ello es que expreso mi voto por la negativa a la primera cuestión.-
Así lo voto.-

A la primera cuestión planteada, la Dra. Milanta dijo:

Considero que el recurso de apelación no logra rebatir, con eficacia, la motivación del fallo ni la decisión adoptada y, por ende, no consigue el impugnante demostrar el error en el juzgamiento que endilga al pronunciamiento. Adhiero, pues, a la solución que propone el juez de primer voto, sin perjuicio de efectuar algunas consideraciones, en torno a los tópicos que suscitan el replanteo del debate ante esta alzada y que juzgo esenciales en la decisión del caso.-

I- Aunque la legitimación no es motivo de controversia actual, resulta de interés afirmarla una vez más, a propósito de la incidencia que tal aspecto sobrelleva en relación a la idoneidad de la vía constitucional escogida por las actoras (arts. 43, C.N. y 20 inc. 2, C.P.) en el asunto de marras, pues este último aspecto es materia de crítica en el recurso en tratamiento.-
Las entidades actoras acreditan aptitud suficiente, en relación al objeto del proceso, para deducir la acción de amparo en defensa del derecho que alegan vulnerado. Como ha sostenido la Suprema Corte de Justicia en supuestos análogos (cfr. citas del párr.. sig.), y recuerdan la sentencia y el juez de primer voto, la pretensión no reposa en la afectación de situaciones subjetivas individuales sino del derecho a un ambiente sano (arts. 28 y 20 inc. 2 de la Constitución de la Provincia; 41 y 43 de la Constitución Nacional), derecho de incidencia colectiva cuya tutela en la localidad de Ensenada y en relación a la cuestión de autos justifican las Asociaciones actoras entre sus objetivos social-institucionales, de acuerdo a los estatutos que las rigen (cfr. fs. 1 y sigts.; 56, 58 y sigts.). El título jurídico aquí invocado no merece observación alguna.-
Cabe tener presente que en el ordenamiento constitucional (art. 43, C.N. y art. 20 inc. 2° C.P.) se reconoce legitimación a sujetos potencialmente distintos de los directamente afectados (doctr. S.C.B.A., causa B-65.269, "Asocación Civil Ambiente Sur", res. 19-3-03 y sus citas; cfr. C.S.J.N., in re "Asociaci¢n Benghalensis y otros c/ Estado Nacional s/ amparo ley 16.986", Fallos 323:1339; ver también el fallo de la Suprema Corte del 19-5-98 dictado en la causa Ac-60.094, "Almada, Hugo Hector c/ Copetro S.A. y otros s/ daños y perjuicios" y Ac-73.996 "Sociedad de Fomento Cariló", sent. del 29-5-02; en sent. conc., causa B-65.158, "Burgués", res. 30-4-03; conc., de esta Cámara: causa Nº 2403 "Sociedad de Fomento de Cariló", res. del. 29-11-05, además de las citadas en los votos anteriores), sin desmedro del alcance amplio que corresponde asignar a la expresión afectado (art. 43, C.N.), a los fines del acceso a la jurisdicción (cfr. lo expone el Dr. De Santis y causas por él cits.).-
Muy recientemente, la Corte Suprema de Justicia ha reafirmado el carácter colectivo de ese bien, el ambiente, el que por su naturaleza jurídica, expresó el máximo tribunal, es de uso común, indivisible y está tutelado de una manera no disponible por las partes, ya que primero corresponde la prevención, entre otras consideraciones (causa M 1569.XL., in re "Mendoza y otros", sent. de 20-6-06, cfr. considerando 6º), y destacando que el reconocimiento de status constitucional del derecho al goce de un ambiente sano no configura una mera expresión de buenos y deseables propósitos para las generaciones del porvenir, sino la precisa y positiva decisión del constituyente de 1994 de enumerar y jerarquizar con rango supremo a un derecho preexistente (cfr. considerando 7° de la misma causa).-

II- De lo expuesto se desprende otra consecuencia, decisiva a fin de despejar la aptitud de la acción de amparo cuya idoneidad ha sido objetada en el recurso de apelación, observación que no resulta fundada ni constituye una crítica razonada de la sentencia (esp. v. sus considerandos 2°, segundo párrafo y 4° y sigts.).-
En efecto, como he podido expresar en otros precedentes, la materia sobre la que trata el caso, habida cuenta de la pretensión formulada y del bien que se procura tutelar, según las normas implicadas en el sub-lite e invocadas por los actores, es propia, inherente a la acción de amparo, de conformidad a los arts 41 y 43 de la Constitución Nacional y 20 inc. 2 y 28 de la Provincial, además de las previsiones de otros cuerpos legales sobre la cuestión ambiental, y sin perjuicio de que se pudiesen utilizar otros remedios judiciales, aún específicos (vgr. arts. 35 y concs. ley 11.723) (cfr. mi voto en la causa N° 475, "Riera Bosch", sent. del. 29-12-05; entre otras; ver también causa N° 2403, cit.). Todo ello, dejando a salvo lo referente al trámite procesal que reglamentan las normas inferiores (según los casos, la ley 7.166 o bien el C.P.C.C. -arts. 321 inc. 1 y 496-) tema éste que no es motivo de agravio ni de conflicto y que, por lo demás, no traduce ahora antecedentes susceptibles de reparo, frente a la norma superior (cfr. art. 20, icn. 2, esp. párrafo cuarto, Const. Prov.).-
No encuentro, pues, óbice alguno a la viabilidad del amparo, de conformidad a lo expuesto, concordante, por otra parte, con el criterio que vengo propiciando en torno a los presupuestos de la acción constitucional (art. 20 inc. 2,; cfr. mis votos en la causas N° 20, "Dorrego", sent. del 30-9-04; N°43, "Vásquez", sent. del 14-10-04 entre otras muchas y doctr. C.S.J.N. 20, "Dorrego", sent. 30-9-04), en tanto la institución tiene por objeto una efectiva protección de derechos, más que una ordenación o resguardo de competencias (doctr. Fallos: 299:358, 417; 305:307; 307:444; 308:155 y sus citas; 318:1154; 320:1339 y 324:3833).-
Tal ponderación que, en este caso, armoniza con lo sostenido por el Dr. Sparcarotel y lo decidido en la sentencia sobre el punto (cfr. considerandos cits.), determina que corresponde rechazar el agravio formulado al respecto por la demandada.-

III- En relación a la cuestión de fondo, comparto el tratamiento dado que el Dr. Spacarotel a los aspectos que conforman el íter de cuestiones esenciales que, concatenadas, avanzan para alcanzar la conclusión acerca del ajuste a derecho de lo resuelto por el juez de la causa, como, simultáneamente, de la falta de razón del apelante.-
En estos puntos centrales me voy a detener con algunas conclusiones complementarias.-
1) Lo referente a las cláusulas, normas y principios jurídicos en materia ambiental y a su vigencia en el caso, es uno de los aspectos centrales de la contienda.-
Sobre ese tópico, no encuentro vertiente alguna que conduzca a excluir al CEAMSE del aludido plexo jurídico precisado en la sentencia y en el primer voto, especialmente, la ley suprema y las normas nacionales que contengan los presupuestos mínimos y las complementarias dadas por la Provincia, de conformidad a lo dispuesto por el art. 41 de la Constitución Nacional y 28 de la Provincial. Estimo que la demandada no ha podido demostrar, con argumentos contundentes, que la especialidad y/o anterioridad de su conformación y del régimen preceptivo específico, la sustraigan del imperio de la Constitución y las leyes.-
De allí que las omisiones y/o desviaciones que han dado fundamento a la censura de la actividad de la demandada que es motivo de cuestionamiento por las asociaciones actoras, evaluadas al amparo de las cláusulas y principios que establecen las leyes generales de la materia, no han logrado ser controvertidas con éxito.-
Ha de tenerse presente que las nuevas bases constitucionales, que dimanan de la reforma de 1994 (cfr. C.S.J.N., causa "Mendoza", cit.) son las que ponen a resguardo el principal cimiento del fallo, que se halla en el plexo jurídico ambiental, cuya aplicación predica sin ambages el juez a-quo.-
Y que el régimen establecido por el decreto-ley 9111/78, como ordenamiento específico, se halla alcanzado por el principio de jerarquía normativa (arts. 31 de la Const. Nac. y 57 de la provincial) pues, si así no se lo entendiera, caería en una incompatibilidad sobreviniente con la fuente jurídica superior.-
Coincido pues con las conclusiones que mi colega de primer voto expresa en el punto V y con los fundamentos desarrollados para obtenerlas.-

2) Por otra parte, la consideración del carácter de servicio público que destaca el segundo voto corrobora lo expuesto, pues es impensable que una actividad de semejante relevancia socio ambiental (cfr. así se lo desataca a fs. 676 de la sentencia) pueda ser desarrollada al margen del mencionado bloque jurídico, máxime teniendo en consideración el carácter de exclusividad con que se han adjudicado, en determinadas áreas, tales cometidos a la sociedad demandada(cfr. arts. 3, 4 y concs., del decreto ley 9111, cit.).-

3) A mayor abundamiento, la vigencia de los presupuestos mínimos emanados de la legislación nacional ha sido reiteradamente destacada, con arreglo a la cláusula constitucional ya citada, en relación, entre otros, a los que establece la ley 25.675 -a la que cabría agregar los previstos en la ley 25.916-, en las que sustancialmente se fundamenta el fallo apelado.-
Ese ordenamiento establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, rige en todo el territorio de la Nación, sus disposiciones son de orden público, operativas y se deben utilizar para la interpretación y aplicación de la legislación específica sobre la materia (arts. 1, 3, 4, 11, 12, 13 y concs., ley 25.675) (cfr. he votado en la causa N° 475, "Riera Bosch", cit.; en sent. conc. ver S.C.B.A., doctr. causa B-64.464, "Dougherty", sent. 31-3-04; ver asimismo CCASM, doctr. causa Nº 33/04, "Carrasco", res. del 8-11-04 y causa Nº 232/05, res. del 7-7-05).-
Comparto, pues, el examen que al respecto efectúa el juez de primer voto, especialmente en el punto V.-

4) Otro tanto debo decir -en remisión al mismo voto, en su acápite VI- en cuanto para dar respuesta, también desestimatoria, a la queja del apelante acerca de la absurdidad que endilga a la sentencia, desarrolla lo pertinente sobre el principio precautorio y la legislación sobre los presupuestos mínimos, así como lo relativo al concepto de ambiente y las leyes especiales que, en el caso concreto justifican su protección (leyes 11.544 y 12.814).-

5) En la misma línea se ubica el análisis relativo al estudio y evaluación del impacto ambiental, a cuyo respecto comparto cuanto argumenta el juez a quo, en la labor integradora de las normas en juego, esta vez en relación a las exigencias previstas en la ley 11.723, y la ponderación que merece este tema en el primer voto, a partir de la cláusula del art. 28 de la Const. Pcial., aunque dejando a salvo que el principio que informa la observación efectuada por el Poder Ejecutivo (decreto 4371/95) de los arts. 65 y 66 de ese cuerpo normativo se refiere a una cuestión que supera el debate de autos, referida a las atribuciones municipales en la materia.-
Estimo, por otra parte, que la interpretación que propone el segundo voto sobre las exigencias prescriptas en el régimen jurídico (esp. arts. 20 y 23) adolece de una literalidad que no se compadece con las atribuciones inherentes al juzgamiento (cfr. doctr. C.S.J.N., causa "Mendoza", cit. y doctr. art. 32, ley 25.675; conc. arts. 15, 20 y 166, 168, Const. Pcial.), razón por la que no comparto esa exégisis que lleva a censurar la clausura del módulo "d" del CDF de Ensenada, perteneciente al CEAMSE.-
Por otra parte, para mitigar las dudas acerca de la vigencia de los recaudos de esta ley general en la materia, las propias disposiciones legales destacan el carácter enumerativo de las obras y proyectos alcanzados (arts. 10 y siguientes, ley cit.) sin perjuicio de lo dispuesto por el art. 20 de la ley 25.916, línea hermenéutica sostenida en el pronunciamiento de grado y concordante con las razones expuestas por el Dr. Spacarotel, en punto VII de su voto, que asimismo comparto, de igual modo que lo relativo a la función judicial, que se incluye en el punto IX.-

6) En suma, manifiesto mi conformidad con el examen fáctico y fundamentos jurídicos que desarrolla el Dr. Spacarotel, incluyendo expresamente los tópicos tratados en el punto VIII de su voto. Todo ello en armonía con el fallo que propone confirmar y sólo con las salvedades que expreso a continuación, que no afectan lo esencial de la unidad de criterio y solución que sostengo.-
Tales salvedades se refieren, en lo esencial, a los estrictos alcances del decreto de veto de la ley 11.723, y a la problemática que en ello subyace, ajena al núcleo de la decisión, en tanto se relaciona con las atribuciones municipales en la materia, en la gestión de disposición final de los residuos domiciliarios por las comunas alcanzadas por el sistema del decreto-ley 9111/78.-
Al respecto, considero que no cabe abrir juicio sobre ese asunto y, por ese motivo, es que limito mi adhesión a los párrafos primero y último del capítulo X del primer voto, como así también aparto de ella toda otra referencia explícita sobre ese aspecto, que, tal como he dicho y reitero, no ha sido materia de debate ni de decisión en esta causa.-
Así lo voto.-

A la segunda cuestión planteada, el Dr. Spacarotel dijo:

I. Conforme hube de prohijar en los argumentos fundantes que sirvieran de base al tratamiento y solución a la primera cuestión planteada propongo:
a) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada, y confirmar la sentencia recurrida (arts. 15, 20 inc. 2, 28, 57 Const. Prov. Bs. As., y arts. 28, 33, 41, 43, 75 inc. 22, CN., y arts. 1, 2, 18, 19 y 20 de la Ley 7166, y 4, 8, inc. 2, 11 a 13 y concs., ley 25.675, arts. 1, 2, 3, 4, 13, 20, 21, 35, ley 25.916).-
b) Adecuar los plazos contenidos en los puntos 1º y 2º del decisorio en crisis, disponiendo la clausura del módulo "d" del CDF de residuos sólidos urbanos, a partir del 31 de diciembre de 2006 con la prohibición de recibir residuos a partir de dicha fecha; y prohibir, a partir del 30 de setiembre del 2006, el ingreso en el citado CDF, residuos generados en los partidos que se encuentren a una distancia superior a 20 km conforme las distancias consignadas por la Dirección Provincial de Vialidad en el ábaco dispuesto a tales fines.-
Costas de la instancia a la vencida (art. 25, ley 7166).-
Así lo voto.-

A la segunda cuestión planteada, el Dr. De Santis dijo:

Con fundamento en el criterio con el que he dado respuesta a la primera cuestión propongo:
Hacer lugar al recurso de apelación articulado por la parte demandada y revocar la sentencia atacada, en todo cuanto ha sido materia de agravio (conf. arts. 43 CN, 20 inc. 2 CPBA, arts. 1, 2, 18, 19 y concs. ley 7166 y arts. 34 y sigs. ley 11.723).-
Las costas del proceso, en ambas instancias, a la parte actora vencida (conf. arts. 20 y 25 ley 7166 y 274 y concs. CPCC).-
A este último efecto, corresponderá adecuar la regulación de honorarios practicada al resultado que auspicio, de lograr mayoría decisoria (conf. art. 20 ley 7166 y art. 274 del CPCC).-
Así lo voto.-
A la segunda cuestión planteada, la Dra. Milanta adhiere a la solución que propicia el Dr. Spacarotel.-
De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, dicta la siguiente

S E N T E N C I A

Por los fundamentos expuestos en el Acuerdo que antecede,

a) Por mayoría, se rechaza el recurso de apelación interpuesto por la demandada, y se confirma la sentencia recurrida (arts. 15, 20 inc. 2, 28, 57 Const. Prov. Bs. As., y arts. 28, 33, 41, 43, 75 inc. 22, CN., y arts. 1, 2, 18, 19 y 20 de la Ley 7166, y 4, 8, inc. 2, 11 a 13 y concs., ley 25.675, arts. 1, 2, 3, 4, 13, 20, 21, 35, ley 25.916).-
b) Por mayoría, se adecuan los plazos contenidos en los puntos 1º y 2º del decisorio en crisis, disponiendo la clausura del módulo "d" del CDF de residuos sólidos urbanos, a partir del 31 de diciembre de 2006 con la prohibición de recibir residuos a partir de dicha fecha;; y prohibir, a partir del 30 de setiembre del 2006, el ingreso en el citado CDF, residuos generados en los partidos que se encuentren a una distancia superior a 20 km conforme las distancias consignadas por la Dirección Provincial de Vialidad en el ábaco dispuesto a tales fines.-
Por mayoría, costas de la instancia a la vencida (art. 25, ley 7166).-
Regúlanse los honorarios.-
Regístrese, notifíquese y devuélvase al juzgado de origen oficiándose por Secretaría.//-

Fdo.: Claudia A.M. Milanta. Juez. Gustavo Daniel Spacarotel. Juez. Gustavo Juan De Santis. Juez. Griselda S. Picone. Secretaria. Registrado bajo el nº 163 (S)

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